La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley Federal de Derechos (LFD) para el ejercicio del 2024.
Con 21 votos a favor, 13 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, se avalaron los cambios que forman parte del paquete económico 2024.
El dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
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La discusión en lo particular y las reservas de la LFD se presentarán cuando el dictamen se discuta ante el Pleno.
Para el 2024, en la LFD no se establece la creación de nuevos derechos, únicamente se consideran incrementos por debajo de la inflación para algunos derechos, así como la adaptación a las disposiciones administrativas o a los tratados internacionales vigentes, en los que México forma parte.
Se propone que los ingresos obtenidos del derecho relativo a la prestación del servicio consistente en la expedición de la condición de estancia a las personas visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinen al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V.
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Se establece el pago de la cuota del derecho a los Servicios Aduaneros cuando en los tratados internacionales se excluya el cobro sobre el valor de las mercancías.
Se actualiza el derecho por la recepción, estudio y trámite de cada notificación de concentración a que se refiere la Ley Federal de Competencia Económica al pasar de 210 mil 818 pesos a 227 mil 240.86 pesos, así como especificar el pago del mismo, independientemente del acuerdo o resolución que ponga fin al procedimiento.
Se exenta del pago de derechos por los bienes culturales propiedad de la Nación, por el acceso a sitios y zonas arqueológicas a cargo de la Federación, para las personas integrantes de comunidades indígenas residentes en los municipios colindantes, así como para los guías de turistas.
Incluye el pago por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico para uso temporal; así como la sustitución de la referencia de “bandas de uso oficial” por “concesiones de uso público”, con el fin de armonizar con la Ley Federal de Telecomunicaciones.
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