Pemex reportó adeudos facturados con sus proveedores y contratistas por 126 mil 357 millones de pesos en julio de este año.
Esta cifra significa más del triple que dos años atrás, cuando la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza tenía un saldo negativo de 37 mil 105 millones en julio de 2022.
Estos adeudos forman parte de los pasivos totales que tiene la empresa productiva del Estado y que sumaban 99 mil 391 millones de dólares en junio pasado, 1.8 billones de pesos al tipo de cambio de 18 unidades por dólar.
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Romero Oropeza explicó que el crecimiento de los pasivos de la compañía obedece básicamente a las contrataciones de deuda que llevaron a cabo las dos administraciones entre 2006 y 2018, que duplicaron el monto.
Con el apoyo del gobierno federal, argumentó, Pemex ha logrado reducir la deuda desde los 130 mil millones de dólares.
El exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, reconoció la situación. “¿Por qué es que Pemex tiene 100 mil millones de dólares de deuda? Porque le quitábamos como 70%, no de sus utilidades, no de lo que ganaba, sino de los ingresos brutos que recibía. Le generamos incluso una pérdida artificial a la empresa”, dijo en mayo de 2020 el también exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Los comentarios de Gurría fueron recientemente retomados por Romero Oropeza, pero la situación de Pemex empeoró en algunos rubros operativos, indican cifras vía solicitudes de transparencia o que la propia compañía reconoce en sus informes financieros.
El fondo del problema
Para Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex, la situación de la compañía se ve reflejada en los pagos a sus proveedores, que también enfrentan problemas, sobre todo los pequeños porque dependen totalmente de la actividad de la petrolera.
“La acumulación de los problemas de Pemex viene desde 1981-1982, con la entrada en vigor de un régimen fiscal que nunca le favoreció y que siempre servía al gobierno federal a tener ingresos para otros rubros sociales y económicos respondiendo a compromisos político y se convirtió en la empresa más endeudada del mundo. La petrolera no mejoró sus finanzas, ni siquiera durante los años en que se obtenían los rendimientos más altos”, expuso.
El régimen fiscal que enfrentaba Pemex llevó a la economía mexicana a una dependencia importante de los ingresos del crudo. En 2008 los recursos petroleros a las arcas públicas llegaron a representar 42% del total.
“Este régimen ha sido muy cómodo para la sociedad, porque no impulsa a pagar más impuestos. De hecho, México es el país de América Latina que paga menos impuestos respecto a su PIB [Producto Interno Bruto], es una conveniencia social que está llegando a sus límites”, agregó Ruiz Alarcón.
Los registros del Inegi señalan que la informalidad se redujo apenas de 65% a 55% de la fuerza laboral de 1980 a la fecha.
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¿Quién será el valiente?
“Durante esta administración los esfuerzos no han sido suficientes para fortalecer a la empresa y ahora hasta los adeudos con proveedores se vuelven una amenaza y ponen en riesgo la operación de Pemex y las economías regionales que dependen de la actividad”, comentó Ruiz Alarcón.
“Espero que a la dirección de la empresa llegue alguien con conocimiento y pueda insertarla en la transición energética, porque ahora es una derrota que, como país con 125 años de historia petrolera, nuestro mercado siga siendo geológico y no científico”, el exconsejero de Pemex.
Para Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, el problema hoy es quién va a continuar en la dirección de la compañía tras la salida de Romero Oropeza, al frente desde el 1 de diciembre de 2018 con el inicio del sexenio.
“Estamos en una disyuntiva muy complicada, porque la gente que sabe no quiere entrarle a Pemex hasta que no se resuelva el problema financiero. En cambio, la gente que está levante y levante la mano es gente que no tiene la más mínima idea a lo que le está entrando. La producción va para abajo, los costos para arriba”, añadió.
Mientras tanto, Pemex no deja de reportar problemas por robos de combustible, derrames, accidentes, reducción en producción y pérdidas financieras provocadas por la actividad de refinación e incluso juicios laborales.
