Más Información
sara.cantera@eluniversal.com.mx
Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, fue detenido ayer en Texas, Estados Unidos, para efectos de ser extraditado a territorio mexicano, aunque se desconocen los delitos que motivaron su captura.
En noviembre pasado se cumplieron cuatro años del fraude hecho por Ficrea a miles de ahorradores por un monto superior a 6 mil 500 millones de pesos, realizado a través de la triangulación de recursos mediante empresas de Olvera Amezcua.
“No sabemos si la detención fue derivada de una orden de extradición del gobierno mexicano o por un delito relacionado a su situación migratoria en Estados Unidos. Lo único que sabemos es que el señor está detenido”, dijo Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil de Ficrea.
“No nos han confirmado si la detención es derivada de los asuntos de Ficrea”, añadió.
Dijo que si la detención fue derivada de una orden de aprehensión de México, se tendrá que llevar a cabo un proceso de extradición ante un juez en Estados Unidos, el cual revisará si la extradición cumple con todos los requisitos de los convenios internacionales; en caso afirmativo, sería enviado a México para ser procesado.
Sin embargo, si no se cumplen los requisitos de la extradición, se quedaría en EU y las autoridades estadounidenses resolverían al respecto.
Navarro Velasco dijo desconocer si un juez federal le concedió una suspensión definitiva para frenar el cumplimiento de la orden de aprehensión librada contra Olvera Amezcua.
“La realidad es que ya sea un delito en Estados Unidos o un delito en México por el que lo puedan extraditar, en ambos casos tiene derecho a defenderse ante las autoridades estadounidenses y ante las mexicanas para evitar ser extraditado o evitar ser procesado”, agregó el síndico.
El proceso de extradición puede tardar entre 30, 45 o 60 días.
Navarro Velasco comentó que después de cuatro años y medio del fraude, se han podido recuperar más de mil millones de pesos para rembolsar a los acreedores, de manera que se les ha pagado alrededor de 20% del valor de los ahorros que tenían depositados en Ficrea.
Actualmente existen 4 mil 340 acreedores registrados y reconocidos por el concurso mercantil, pues de los más de 6 mil ahorradores iniciales, muchos ya cobraron su seguro de depósito y quedaron pagados.
Hasta el cierre del año pasado se habían vendido solamente tres inmuebles de un total de 29 recuperados y que conformaban una lista de bienes propiedad de Olvera Amezcua, con los cuales se buscaba recuperar al menos 130 millones de pesos.
El síndico dijo que no se han podido vender más inmuebles debido a que el sector inmobiliario está atravesando por un periodo complicado.
“Están en proceso de venta otras dos o tres propiedades más. Desgraciadamente la situación económica ha impedido seguir vendiendo los inmuebles porque los inversionistas han tenido muy detenida la venta de inmuebles”, agregó.
La extradición de Olvera Amezcua es benéfica para los ahorradores que fueron defraudados, pues la Fiscalía General de la República (FGR) tiene asegurados algunos bienes de Olvera Amezcua y de sus empresas, por lo que si se concreta la extradición y se mantiene la resolución de las ordenes de aprehensión, cuando se dicte sentencia se puede pedir la reparación del daño y con esto, se abre una oportunidad para vender inmuebles que la fiscalía tiene asegurados.
Ficrea operaba bajo la figura de Sociedad Financiera Popular, mejor conocida como Sofipo.
Casos similares. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se revelaron al menos dos casos más de irregularidades y negocios fallidos bajo esta figura. Además de Ficrea, las firmas Alta y Proyecto Coincidir incumplieron sus compromisos con sus clientes e inversionistas. En el primer caso, han transcurrido más de tres años y los dueños, Luis López Panadero y Salvador Abascal, ofrecen pagar únicamente 1% de una deuda superior a 4 mil millones de pesos.
En el caso de la firma Coincidir, a finales del año pasado Banorte y Afirme adquirieron la cartera de la microfinanciera, con lo que se esperaba liquidar a sus más de 2 mil clientes.
En octubre del año pasado, el entonces presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, advirtió que era urgente cambiar la norma regulatoria de las Sofipos, así como limitar las cantidades de dinero que se depositan en ellas.
“La ley no puede seguir así. No ha servido y se necesita topar la captación, que no haya cuentas de 3 o 4 millones de pesos”, alertó.
