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El costo de la deuda que tendrá que pagar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será de 749 mil 74 millones de pesos en 2019, cifra que puede financiar el programa de pensión de adultos mayores más de siete años o el de la Secretaría de Educación Pública más de dos años.
De acuerdo con los Criterios de Política Económica 2019 que presentó la administración entrante, se destinarán esos recursos para hacer frente al compromiso financiero.
La cantidad que se debe destinar para cubrir el servicio de la deuda mexicana es equivalente a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y resulta 11.4% mayor a lo destinado este año (630 mil 292 millones de pesos).
El proyecto prioritario del gobierno de López Obrador que más recursos requiere para 2019 es el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual necesita de 100 mil millones de pesos.
Tan sólo el costo financiero de la deuda alcanza para cubrir ese programa por siete años y medio.
También es el equivalente al doble de lo que se pretende dar de presupuesto para la Secretaría de Educación Pública en 2019, que es la más robusta, con un gasto de 300 mil 140 millones de pesos.
Para el gobierno en funciones será prioridad mejorar, conforme a las condiciones del mercado, los términos de su servicio.
“Para ello, se privilegiará la emisión de instrumentos en moneda nacional, a tasa fija y con vencimiento de largo plazo. Lo anterior, permitirá disminuir el impacto de los choques externos sobre las finanzas públicas, con el fin de que episodios de volatilidad en los mercados tengan un efecto acotado sobre el costo de la deuda”, detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin margen de maniobra. El gobierno dio a conocer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 que son más de 4.8 billones de pesos que deben destinar en gastos obligatorios, es decir, no hay forma de eludirlos.
Además de la deuda y su costo, el gobierno federal tiene que echar mano de cuantiosos recursos para hacer frente a pensiones y jubilaciones, servicios personales, gasto para población indígena, recursos a entidades federativas, gasto corriente, y otros rubros.
Para pensiones y jubilaciones, esta administración debe destinar 877 mil 464 millones de pesos.
Sin embargo, el rubro que requiere los mayores recursos ineludibles son las asignaciones para entidades federativas y municipios, debido a los compromisos de la Ley de Coordinación Fiscal. Así, el gobierno tiene que asignar 1.7 billones de pesos para las participaciones y aportaciones federales que debe erogar para los estados y municipios.
Las participaciones federales son el principal ingreso de las entidades y su uso es libre, mientras que las aportaciones son recursos etiquetados que están destinados para rubros como educación, salud, seguridad e infraestructura, principalmente.
Aun con la austeridad, la gestión de Andrés Manuel López Obrador debe destinar 824 mil 364 millones de pesos para el gasto regularizable en servicios personales.
Ese rubro incluye las percepciones ordinarias de los servidores públicos, así como las erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas percepciones.
