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Choferes para uso personal, comidas con salmón y vales de gasolina sin control, así como la asignación de más de dos vehículos para directivos, es lo que denuncian empleados de la Casa de Moneda de México en la carta que le enviaron a Andrés Manuel López Obrador.
Señalan que el nuevo equipo, encabezado por el director, Jorge Andrés Raygoza, no cumple con el perfil para el puesto ni el de Esther Calvo Domínguez, en la Dirección Corporativa y de Comercialización.
Acusan que ni el director general ni la directora comercial tienen grado de doctores, pero exigen a empleados dirigirse a ellos como tales.
Ponen de manifiesto que tras haber sido despedidos, está el proceso de denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual hacen para resaltar que el recorte en la Casa de Moneda, como consecuencia de la política de austeridad del nuevo gobierno, no se refleja con los privilegios y abusos de los directivos.
Como ejemplo, denuncian que Esther Calvo utiliza un auto oficial y a un auxiliar administrativo para que lleven a su hija a la escuela.
“Estos servidores no entienden que este gobierno es diferente, que se acabaron los privilegios (...) Que sean denunciados para acabar con la simulación”, se lee en la carta.
Único negociador. Del director general acusan que dio instrucciones para que sea la única persona autorizada para tratar con los grandes proveedores, como la adquisición de oro, para “negociar “el porcentaje que le pertenece.
Informaron al Presidente que otro acto que contraviene a la forma en que se conduce el nuevo gobierno es el nombramiento de Helios Ruiz Esparza como subdirector del Museo de Numismática Nacional de la Casa de Moneda, pues no fue ratificado por la Junta de Gobierno.
Acusan a Ruiz Esparza de hostigar laboralmente al personal del museo y de seguridad para que renuncien. También lo imputan de discriminación, pues ha manifestado que sólo los que profesen su religión (cristiana) formarán parte de su equipo.
Acusados. La mayoría de los denunciantes tenía más de 25 años en Casa de Moneda, a quienes despidieron sin liquidación. A otros les levantaron un acta administrativa sin derecho de audiencia ante la sospecha de presunto robo, como el caso de una exempleada que por error vendió una moneda de oro por una de plata.