La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su informe sobre la estrategia que presenta en materia de empleo. Es un estudio muy amplio que incluye la presentación de algunos elementos importantes que caracterizan al mundo del trabajo en la actualidad. En materia de ingresos, México es el país con el menor salario entre los miembros de la OCDE, incluso por debajo de Turquía y de Chile. El salario bruto en México en 2015 es ligeramente menor a una cuarta parte del que se paga en Estados Unidos y aún menor del que se percibe en Canadá.
En algunos segmentos de las actividades económicas las diferencias son mayores, no obstante que los empleadores pertenezcan a la misma empresa y gran parte de lo producido se venda en los mismos mercados. La distancia entre los ingresos que obtienen los trabajadores en México con los que laboran en Estados Unidos y Canadá es uno de los datos destacados de la dinámica de las tres economías.
Tomando como referencia el año 2015, los ingresos brutos de los trabajadores en México son inferiores a los que se obtienen en Costa Rica, Brasil y Argentina.
La desigualdad social tiene entre sus orígenes las condiciones que imperan en el mundo del trabajo. Un dato es el precario monto de los ingresos obtenidos por trabajos realizados en jornadas completas.
Las remuneraciones medias por hora o por día que caracterizan al mundo del trabajo en México es un indicador de esa situación. La desigualdad social se alimenta también de la informalidad laboral, las condiciones críticas de ocupación, la subocupación, los muy bajos montos de ingresos y las importantes diferencias entre hombres y mujeres.
Al mes de octubre de 2018 los ocupados que laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, sumados a quienes trabajan más de 35 horas y perciben ingresos menores al salario mínimo y los que laboran más de 48 horas a la semana con hasta dos salarios mínimos de remuneración, son 15.8% de la población ocupada. Una cifra importante y mayor que un año antes.
Los subocupados suman 7% y la tasa de informalidad laboral es de 56%. Los ocupados parcialmente y los desocupados integran otros segmentos que dan cuenta de la notable vulnerabilidad que caracteriza al mundo del trabajo en el país. Este conjunto alimenta la desigualdad social y tiene como característica común la negativa al trabajo o la existencia de un trabajo que no es compatible con el bienestar, en términos de la Organización Internacional del Trabajo se trata de un trabajo no digno. Es un espacio del mundo laboral que debe ser modificado para poder avanzar en el desarrollo social y económico.
Además, es también necesario incrementar los ingresos de la mayor parte de la población. En este terreno los cambios son ineludibles. En el cuarto trimestre de 2012 los ocupados que ganaban más de cinco salarios mínimos eran 3.9 millones. La cifra equivalía a 8% de la población ocupada.
En el tercer trimestre de 2018, es decir casi al final de la administración federal de Enrique Peña Nieto, son 2.4 millones de personas, lo que equivale a 4.45% de la población ocupada. Es una cifra muy menor que informa sobre el avance de la desigualdad social.
Pero a lo grave de la situación en el mundo del trabajo que representa esa cifra se agrega que la mayor parte son hombres. Tan solo 728 mil mujeres perciben más de cinco salarios mínimos, 1.34% del total de la población ocupada.
Según la información de Inegi, sistematizada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, lo característico en el ámbito de las remuneraciones por persona es tener un ingreso menor a cinco salarios mínimos y, conforme han pasado los años, el peso de este sector de los ocupados tiende a crecer.
A la fecha, menos de uno de cada veinte ocupados percibe más de cinco salarios mínimos. Para disminuir la desigualdad social es urgente modificar esa situación y propiciar los medios para incrementos en los salarios de amplios grupos de la población. Es una condición para avanzar en el desarrollo social, e incluso para tener un mayor crecimiento de la economía.
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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