A partir de este jueves 8 de octubre comienza la aplicación de sanciones a quienes alteren equipos de medición y despacho de gasolina y diesel, que pueden alcanzar hasta la cárcel, dijo el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo.
El funcionario explicó que las sanciones por este acto son varias, como la inmovilización de bombas, la clausura de estaciones, e incluso presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, por lo que puede haber penas de cárcel.
Expuso que la Norma Oficial Mexicana 005, que se refiere a instrumentos de medición, equipos de medición y sistemas para despachar bien la gasolina y el diesel, entra en vigencia luego de cinco años de proceso de elaboración y de prórrogas.
De lo que se trata es que “te sirvan el volumen que pagaste, que recibas lo que pagaste” y no haya litros incompletos o alteraciones en los precios, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL.
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Acevedo dijo que todo debe tener concordancia, porque no pueden tener registros de que venden más gasolina y diesel de la que compraron a Pemex. Esa información permitirá identificar que si despacha más litros de los que le compró a la empresa petrolera entonces hay combustible excedente.
Es decir, también se verá si compraron combustible con huachicoleros, porque se tendrá registro de si abrieron las puertas de los sistemas de entrada de combustible para cotejar las ventas que haga Pemex y el volumen que se vendió a los conductores.
El subsecretario añadió que con esas acciones se buscará cerrarle espacios al crimen organizado y reducir la venta de huachicol.
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Con esta nueva normatividad “ahora se va a observar cuando un sistema fue alterado, cuando se cambió alguna estimación de precios y cuál es el volumen en bombas de gasolina”, detalló.
Las nuevas medidas permitirán a “Profeco para que tenga evidencias de lo que se hizo (en la gasolinera) y cerrar el paso a la delincuencia organizada” y a los abusos a los compradores de gasolinas y diesel.
La norma que entra en vigor este 8 de octubre comenzó a elaborarse en 2015. Dos años después se publicó y su entrada en vigor estaba previstapara el 19 de marzo de 2019; sin embargo, se les dio un año más de prórroga a petición de los gasolineros.
Esa demora perjudicó a consumidores, empresas, proveedores, transporte de pasajeros y de mercancías, principalmente, porque hay quienes despacharon litros incompletos, manipularon bombas y fijaron precios distintos a los que se tenían que dar.
