La propuesta del gobierno federal de desaparecer 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) del sector salud no registra avances, solamente se sumaron nuevas normatividades a la lista de las que pueden desaparecer.
El socio encargado del área de Ciencias de la Vida del despacho Sánchez Devanny, Alberto Campos, dijo que la principal inconformidad que se tiene es que la Secretaría de Salud “no justificó las razones para pedir estos cambios o cancelaciones, no se justificó la razón”.
Dijo que “lo interesante es que hubo quien presentó un amparo y aparentemente sí se le concedió la suspensión provisional”, pero en realidad aún no se han desaparecido las normatividades, ya que siguen vigentes porque sigue sin concluirse el procedimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la cual debe evaluar el impacto regulatorio.
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Campos explicó a EL UNIVERSAL que a más de dos meses y medio de que el gobierno planteó la eliminación de 35 normas “todo sigue igual, no significa que se vayan a cancelar, hay que hacer análisis, deben participar las partes interesadas” y será la Conamer la que debe analizar tras recibir los comentarios de las partes interesadas en el tema.
“Lo que sigue es que la Conamer analice la ventaja, desventaja o perjuicio que tiene la cancelación de estas normas, si la cancelación es porque se va a modernizar, o si es simplemente la modernización, o la conjunción de varias...análisis que va dentro de los plazos”.
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Expuso que la suspensión provisional que dio un juez no se sabe bien sobre qué aplicará porque en realidad aún no se cancelan las normas, siguen vigentes.
El 1 de junio el gobierno federal presentó la propuesta de desaparecer 35 normas que tienen que ver con procedimientos para tratar el cáncer de mama, cervicouterino, próstata, osteoporosis, diabetes, lactancia, entre otras, planteamiento que se envió a la Conamer.
A estas 35 normas se les sumaron otras cinco más que planteó el gobierno federal desaparecer la semana pasada, sin embargo, en todos los casos se debe de iniciar con el análisis de la Conamer, quien debe tomar en cuenta los planteamientos de la sociedad y el sector privado, antes de eliminarlas.
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