El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluyó temas laborales que permiten a los gobiernos del norte iniciar Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida, en caso de que no se respete el derecho a la libre asociación y negociación colectiva.
De julio de 2020 a la fecha, la administración del presidente Joe Biden utilizó en al menos siete ocasiones este mecanismo contra diversas plantas, como las de General Motors, Panasonic, Tridonex, Teksid, Unique Fabricating y dos veces frente a Manufacturas VU, cuyos procesos todavía están en curso en algunos casos.
La mayoría de los mecanismos se activaron en medio de un proceso de legitimación de contratos, debido a la queja de los trabajadores de que no se permitía la entrada de nuevos sindicatos.
En diversas ocasiones, como con General Motors, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo: “Hemos visto que los trabajadores ya no tolerarán más los contratos negociados tras sus espaldas y tienen el derecho de votar sobre un acuerdo después de que éste se negocie”.
Desde el punto de vista de Tai, los trabajadores a través de este mecanismo pueden elegir nuevos sindicatos que los representen en las negociaciones de los contratos colectivos.
Para Alfredo Kupfer, socio en el área laboral, seguridad social y migratorio de la consultora de abogados Sánchez Devanny, “el T-MEC dice que las quejas pueden iniciarse contra cualquier empresa que produzca un bien o preste un servicio que compita con productos o servicios similares en la región, lo que abarca absolutamente a todos”.
Es decir, aunque el producto sólo se venda en México, si compite en el mercado nacional con otro hecho en Estados Unidos y Canadá, la empresa está sujeta a una queja y la posibilidad de una sanción económica.
