El nuevo decreto que emitió el lunes el gobierno mexicano para prohibir el uso del glifosato y del maíz transgénico para masa y tortillas no resuelve el conflicto comercial con Estados Unidos sobre el tema, advirtieron especialistas en comercio exterior.
La medida no se justifica con evidencia científica de los supuestos daños de dichos productos, es una barrera técnica al comercio y viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señalaron.
“El decreto de 2020 es resultado de una ideología de grupos radicales y el nuevo (de este 13 de febrero) trata de satisfacer a ambos, y creo que se queda a la mitad, porque si bien ya no habrá restricciones para el maíz estadounidense pecuario e industrial, viola el T-MEC”, dijo Kenneth Smith Ramos , socio de la consultora Agon.
El también exjefe del equipo negociador del T-MEC agregó que el gobierno mexicano “está transitando en una línea muy delicada para satisfacer a los radicales de Morena, al emitir dos decretos que no sirven de nada”.
En diciembre de 2020, el gobierno publicó un decreto a través del cual prohibió el uso del maíz transgénico y del glifosato a partir de 2024.
Sin embargo, luego de pláticas y visitas de funcionarios de Estados Unidos a sus contrapartes mexicanas, el gobierno emitió un nuevo decreto en el que asegura que la prohibición es para el maíz transgénico para producir masa y tortillas y que se permitirá para forraje y uso industrial.
Así, sigue latente la posibilidad de que Estados Unidos pida el inicio de consultas contra México por la prohibición, que viola tanto el T-MEC como compromisos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“Es una solución intermedia que no creo que sea suficiente para Estados Unidos”, dijo Smith Ramos, sobre todo porque los legisladores y productores de maíz transgénico del país vecino piden al gobierno mexicano una justificación científica de que ese grano genera daños a la salud.
Para el exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina Larrondo, “la publicación del decreto del 13 de febrero parece ser una reacción del gobierno mexicano a la carta del 30 de enero de la USTR (Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos), que solicitó una respuesta del gobierno mexicano a más tardar el 14 de febrero. Sin embargo, ese documento parece aumentar la tensión entre los dos países”.
También se violan el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, del que México y Estados Unidos son parte.
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