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maria.saldana@eluniversal.com.mx
CDMX:- El sector patronal de México pidió al gobierno federal dejar de lado las premisas ideológicas , tomar decisiones con base en evidencias empíricas y no por convicciones personales, lo que implica no poner en riesgo la capacidad operativa ni del INEGI ni del Coneval .
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ), Gustavo de Hoyos Walther , dijo que al INEGI se le quitaron 500 millones de pesos que le impedirán realizar 14 encuestas.
Mientras que al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval ) se le quitaría el 20% de personal de estructura, una decisión que finalmente se canceló.
“México necesita datos confiables de los tres órdenes de gobierno para poder desarrollar política pública con base en evidencia. Más allá de premisas ideológicas, cualquier toma de decisiones en el ámbito gubernamental debe estar basada en datos y contener un sustento teórico y técnico que permita implementar disposiciones adecuadas”, dijo el líder patronal.
En su mensaje semanal expuso que si se sigue adelante con los recortes se eliminará la capacidad del Estado mexicano para evaluarse y por lo tanto no se tendría la posibilidad de generar eficacia en la política social, porque “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
La labora de Coneval e INEGI son fundamentales para entender la situación de la pobreza multidimensional en México, porque son las que generan datos para identificar los problemas del país, con los cuales se determina el destino del gasto público.
“Mantener un presupuesto adecuado de operación para el INEGI y el Coneval ha sido un elemento clave para su éxito en la generación de datos confiables. Los recursos otorgados a estas instituciones han permitido el desarrollo de un profesionalismo y especialización que es, hoy en día, un ejemplo de calidad para toda la administración pública”, dijo el líder de la Coparmex.
Por lo que agregó que los recortes presupuestales o ahorros que se hicieron o pretenden hacer en estas instancias que evalúan la política pública “son contraproducentes pues no se basan en un análisis caso a caso de las necesidades de cada organismo, sino en instrucciones sin sustento que afectan de raíz la capacidad del Estado mexicano”.
