La decisión del gobierno federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa
muestra que el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar .
En un comunicado, advirtió que las consecuencias de realizar una consulta pública que violenta el estado de derecho, no se verán solamente en Mexicali, sino en el país entero, porque “la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en el país”.
Explicó que la decisión gubernamental contra la cervecera “es arbitraria, autoritaria y unilateral”, además de violentar la legalidad y el estado de derecho, pero lo peor es que el daño que genera al futuro económico del país es “incalculable”.
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“La democracia tiene reglas, la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión”, aseguró el líder del CCE.
A pesar de que el país tiene una legislación, se realizó una consulta el fin de semana sin sustento jurídico, sin neutralidad, ni objetividad, además de que se violenta la legalidad y aunque no es vinculante, se toma como tal.
“El gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país”, afirmó.
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