La deuda de las 15 entidades donde se elegirá nuevo gobernador el próximo 6 de junio suma 230 mil 465 millones de pesos al cierre de 2020, cifra 14.1% superior al monto de las participaciones —una de las principales fuentes de ingresos estatales— que recibirán esos gobiernos durante este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De este total, 12 administraciones locales registran por lo menos 21 mil 16 millones de pesos que corresponden a préstamos de corto plazo quirografarios, y que se tienen que desahogar antes de que se dé el periodo de transición.
Estos compromisos representan 9.1% del saldo total de la deuda, tasa 6.4% superior a la reportada por el conjunto de las entidades, esto sin considerar las obligaciones financieras con proveedores y contratistas.
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Los mandatarios estatales que dejen la gubernatura en las elecciones intermedias tendrán que liquidar la deuda de corto plazo tres meses antes de irse, lo que puede representar una presión sobre la liquidez en algunas entidades, advirtió la calificadora HR Ratings.
Entre los gobiernos locales con los mayores saldos de deuda de corto plazo destaca Nuevo León, con un monto de 4 mil 455 millones de pesos al cierre del año pasado, cifra que representa 14.2% de las participaciones que recibirá en 2021. Le siguen las administraciones estatales de Chihuahua, con una deuda a corto plazo de 3 mil 230 millones de pesos, lo que significa 16.2% del monto de sus participaciones; así como Guerrero, con 2 mil 590 millones, 15.5% de su principal fuente de ingresos.
En otras entidades, aunque el monto de su deuda de corto plazo no es tan elevado, sí representa un porcentaje importante de sus participaciones. Son los casos de Colima, con un saldo de apenas 941 millones de pesos, pero que representan 22.2% de sus ingresos federados; Nayarit, 904 millones, con un peso de 14.1%; Zacatecas, con mil 177 millones, que representan 14.9%, y Baja California Sur, con 600 millones, equivalentes a 12.5%, y que debe ser liquidada antes de que asuma el nuevo gobierno.
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En una situación menos apremiante se encuentra San Luis Potosí, con obligaciones quirografarias por mil 300 millones de pesos, que representan 9.5% de las participaciones que recibirá este año; Michoacán, con mil 164 millones de pasivos de corto plazo, que significan 5.4%, y Sinaloa, con 25 millones, que pesan apenas 0.2%.
Finanzas estatales
La situación de los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador no es homogénea. Quienes ganen podrían heredar una situación financiera más o menos complicada, dependiendo de cada caso.
En conjunto, la deuda de dichas entidades reportó un incremento de 27.1% desde 2015, al inicio de las anteriores administraciones —a excepción de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla, cuyo gobierno arrancó en 2019.
Aun cuando de 2016 a fines de 2019 las tasas de interés repuntaron, algunos gobiernos estatales elevaron su nivel de endeudamiento incluso cuando su peso respecto al monto de sus participaciones ya era importante.
Tales fueron los casos de Nuevo León, Chihuahua y Sonora, que registran el saldo más alto de sus financiamientos y obligaciones gubernamentales.
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La entidad a cargo de Jaime Rodríguez Calderón reportó el monto más elevado entre los estados con cambio de gobierno, con 80 mil 665 millones de pesos a diciembre de 2020, lo que significó un incremento de 37.3% respecto al cierre de 2015.
El monto de la deuda del gobierno regiomontano representa dos veces y media (157.1%) de lo que va a recibir el estado por concepto de participaciones este año, lo que no es nuevo para la entidad, por lo que es probable que la carga haya sido más o menos manejable para las administraciones anteriores a partir de los ingresos locales.
El saldo de los pasivos totales de Chihuahua, bajo el mandato de Javier Corral, asciende a 50 mil 714 millones. De 2015 a 2020 registró un aumento de 19.7%, pero cuyo monto representa, al igual que en el caso de Nuevo León, 154.1% de las participaciones esperadas en 2021.