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La edición de este año del Foro Económico Mundial en Davos colocó en el centro del debate a la desigualdad económica. Los discursos de los líderes mundiales se centraron en cómo lograr un crecimiento más inclusivo. Las crecientes manifestaciones y descontento con la globalización y el libre comercio alrededor del mundo confirman que si bien estos modelos han incrementado el crecimiento económico, no han sido capaces de integrar al desarrollo a todos los sectores de la población.
Sin lugar a dudas el principal desafío de la época actual es escuchar a estas voces y encontrar la forma de extender los beneficios de la integración de la economía global a los que no se han favorecido.
Si bien este debate ha estado presente por años, diversos sucesos y tendencias recientes evidencian que está cobrando cada vez más fuerza, y es por ello que no sorprende que haya sido el principal foco en la reunión de los Alpes suizos, en la que los participantes no cuestionaron los componentes fundamentales del crecimiento de la economía global de hoy, pero sí criticaron la manera injusta en que se están distribuyendo los beneficios del crecimiento.
Como acertadamente lo señaló la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, “las palabras que se pronuncian durante este tipo de reuniones o eventos no se traducen en actos”, y con frecuencia se quedan en buenas intenciones.
Sin embargo, una de las principales contribuciones del foro es que por segunda ocasión se presentó el Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI), una evaluación anual del desempeño económico de 103 países que mide cómo se desempeñan en 11 dimensiones del progreso económico además del PIB. Tiene tres pilares: crecimiento y desarrollo, inclusión y equidad intergeneracional. Esta última se refiere a la administración sostenible de los recursos naturales y financieros.
El índice pretende informar y medir el progreso económico sostenido e inclusivo mediante una cooperación público-privada más profunda a través del liderazgo y el análisis del pensamiento, el diálogo estratégico y la cooperación. Brinda una nueva herramienta para medir el crecimiento inclusivo más allá de considerar al Producto Interno Bruto como la principal medida de desempeño económico, y con ello contribuye a que los tomadores de decisión puedan dirigir sus esfuerzos a acciones mucho más específicas que permitirán impulsar no sólo un mayor crecimiento, sino también una inclusión social más amplia. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar.
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Inclusivo 2018 del WEF, la desigualdad de ingresos ha aumentado o permanecido estancada en 20 de las 29 economías avanzadas, y la pobreza ha aumentado en 17. La economía avanzada más inclusiva del mundo es Noruega.
El puntaje de México en este indicador disminuyó de 4.13 a 4.12, pero subió de la posición 29 a 24 dentro de los países emergentes incluidos en el ranking. El avance es claramente muy positivo, pero dista mucho de ser suficiente.
México es un país con una muy desigual distribución de la riqueza y mucho se ha escrito ya acerca de los extremos que pueden observarse en la realidad nacional: en el país coexisten algunas de las mayores fortunas del mundo, con un importante porcentaje de la población en situación de pobreza.
El contraste es doloroso y constituye un llamado a la reflexión permanente y multidisciplinaria sobre cómo disminuir esa brecha. El reto no consiste en reducir la riqueza de unos pocos, sino en aumentar la riqueza de muchos.
El combate a la pobreza en México se presenta desde diversas trincheras, todas ellas importantes. Sin embargo, pueden identificarse alguna que son urgentes e imprescindibles, entre las cuales figuran el acceso a la educación de calidad, la posibilidad de alcanzar la educación superior, la garantía de la salud y el Estado de derecho.
Desde luego, ninguna de ellas basta por sí misma para erradicar la pobreza, pero resulta en suma difícil suponer que una sociedad con bajos niveles educativos, alta incidencia de enfermedades que hoy son prevenibles y una prevalencia de la corrupción e impunidad pueda aspirar a la generación sostenida de riqueza y al crecimiento económico equitativo.
A medida que los países cuentan con lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad llama “sociedad incluyente, preparada y sana”, pueden aspirar a producir con alto valor agregado y que el retorno de esa producción llegue a todos los eslabones de la cadena productiva.
Para ello se debe invertir en el desarrollo del capital humano, ello incluye no sólo más y mejores escuelas y más y mejor educación, sino también la creación de una cultura de meritocracia, la inversión en innovación, el respeto absoluto a los derechos de propiedad (incluyendo la propiedad intelectual) y ofrecer mejores sueldos con base en la productividad que alcanzan, gracias a sus capacidades, los colaboradores de las empresas.
Sin duda hay que celebrar que la desigualdad sea un tema del Foro Económico de Davos. Es también una buena noticia que México avance en posiciones en el Índice de Desarrollo Inclusivo, pero ambos hechos deben servir para redoblar esfuerzos para reducir la inmensa brecha que persiste en nuestro país.
Presidente y Director General
de Laureate y UVM