Curar la informalidad en México es tan complicado como encontrarle la cuadratura al círculo, debido al predominio de los micronegocios poco rentables, trabajadores mal pagados y un sistema público de salud insuficiente, entre otros aspectos, advierten expertos consultados por EL UNIVERSAL.

“Reducir la informalidad es muy difícil, porque implica un costo para las empresas que la gran mayoría no puede pagar y también un gasto para los trabajadores, quienes no están dispuestos a sacrificar su escaso ingreso”, dice Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.

Los censos económicos muestran que 95% de los establecimientos del país son microempresas de no más de 10 trabajadores. Se trata de “changarritos” que, en muchos casos, son negocios familiares en los que prácticamente van al día.

Son unidades con poca capacidad de generar valor y tener los ingresos suficientes para moverse con holgura en un esquema de formalidad, agrega.

La formalidad implica no sólo darse de alta en el SAT, sino también ante los esquemas de seguridad social, pero la mayoría de micronegocios no tienen la rentabilidad suficiente para operar con todos esos gastos, apunta.

Ingreso salarial

Del lado del trabajador sucede algo similar; 64% de la población ocupada gana de uno o dos salarios mínimos, 12 mil 446 pesos mensuales en el mejor de los casos, cifra insuficiente para cubrir las necesidades de una familia.

Dadas las condiciones salariales, los trabajadores subordinados o independientes con oficios como carpintero, electricista o jardinero, si se formalizan deberán pagar su seguridad social, pero debido a su bajo sueldo, prefieren gastarlo en el presente, en lugar de dar una parte de este recurso para algo que les va a servir a futuro, explica Gutiérrez.

“Existe una estructura económica que te lleva a que no haya condiciones o incentivos para formalizarse, porque el nivel de ingresos que obtienen no les da para cubrir ese tipo de cosas”, opina. Por la parte fiscal, la pregunta es: ¿Cuánto se va a captar de una persona que gana dos salarios mínimos?, señala.

Cobertura

El otro tema es qué tanto confía la población en la seguridad social, pues lo primero que viene a la mente es el sistema de salud pública que carece de la capacidad para absorber la demanda que llegaría de los trabajadores que hoy están en informalidad.

“De acuerdo con datos recientes del Inegi, hay 26 millones de personas en la economía formal [patrones y trabajadores subordinados e independientes]. Si quisiéramos darle cobertura de seguridad social a todo el personal que está en la informalidad, sería sumarle otros 32 millones. Es una cantidad muy difícil que pueda llegar a atender tomando en cuenta los recursos con que se cuenta actualmente”, afirma Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.

El problema de fondo, dice, es que no se cuenta con los recursos fiscales suficientes para ampliar la cobertura en materia de seguridad social. “Es un círculo vicioso en el que no hay suficiente cobertura, pero tampoco suficientes personas que paguen por la seguridad social”, resalta.

Costo de entrada

La razón de la informalidad es básicamente porque la gente no quiere pagar impuestos, estima Márquez. “El origen de la evasión o elusión fiscal siempre tiene que ver con un alto porcentaje de cobro en México. Cuando es muy alto lo que se cobra a la gente, le resulta más atractivo el evadir el gasto, pero si fuera menor quizás sí lo pagaría.

“En este sentido vamos a tener que enfrentar situaciones muy difíciles. Por ejemplo, un trabajador formal en el país ganaba al cierre del año pasado 14 mil 364 pesos al mes en promedio, de acuerdo con los salarios asociados a trabajadores asegurados en el IMSS, que al final tiene un costo de 30% por pagar seguridad social”, indica el directivo.

Destaca que para muchas micro y pequeñas empresas este costo es tan elevado que los empleadores prefieren pagarle al trabajador de manera informal.

Así, Márquez ve necesario buscar esquemas que realmente inviten a pagar impuestos, pero no sólo por un año o dos, sino de forma permanente, para que las personas pasen a la formalidad.

En materia de seguridad social, reconoce que hay avances debido a que el IMSS empieza a plantear esquemas alternativos en que se pueden pagar diferentes cantidades, como si fuera un seguro de gastos médicos privado; “no necesariamente te da la cobertura al 100%, si quieres pagar menos te va a dar menos cobertura, pero atendiendo enfermedades básicas”.

Urge hacer más atractiva la formalidad, en lugar de sólo tomar medidas para penalizar la informalidad, advierte Sandra Martínez, de México, ¿cómo vamos?

“Por parte del gobierno, se pueden reducir barreras para entrar al sector formal, por ejemplo, disminuyendo los costos de registro y tiempos de trámite para que las empresas puedan formalizarse, incluso ofrecer incentivos financieros para las micro y pequeñas empresas, con exenciones fiscales temporales o contribuciones también de la seguridad social simplificadas”, puntualiza la investigadora.

“Una de las cosas que se han estudiado es la cuestión de los costos tanto monetarios como de tiempo que tienen las empresas para la suscripción a la formalidad porque también es importante simplificar los trámites”.

Papel de las empresas

La especialista señala que las empresas también tienen un papel importante en la promoción de la formalidad. “Pueden, por ejemplo, exigir mantener relación con proveedores que tengan trabajadores formales. Una de las recomendaciones es tener cadenas de suministro libres de informalidad… los empleadores también tienen ese papel en la reducción de la informalidad”, dice.

Hasta el tercer trimestre del año pasado, 16 entidades del país mantenían un nivel de empleo informal superior al promedio nacional, de 51.2% de la población ocupada.

Los estados donde había más informalidad son Oaxaca, con 74.5%; seguido de Guerrero, 71.4%, y en tercer lugar Hidalgo, con 69.3%, según la información más reciente del Inegi.

En el otro extremo, como los tres estados con menor informalidad se encuentran Chihuahua, con 31.9%; Coahuila, 34%, y Nuevo León, 35.5%. Todas son entidades que no sólo tienen frontera con Estados Unidos, sino que su industria también está ligada con esa nación.

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