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Una de las iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero consiste en que el Infonavit vuelva a construir vivienda y la ponga en renta para los trabajadores afiliados al instituto.
La iniciativa pretende reformar la fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución para convertir el sistema de financiamiento que administra el Infonavit, en un sistema de vivienda donde los trabajadores puedan tener acceso a vivienda en arrendamiento.
Además, el Infonavit podrá participar directamente en la construcción de vivienda y la renta que se cobre al trabajador no podrá exceder 30% de su salario.
Al respecto, Jorge Paredes, presidente de Realty World México, comentó que, en el pasado, el Infonavit construyó inmuebles para los trabajadores y el esquema no funcionó porque el gobierno como agente económico es ineficiente y carece de transparencia con el destino e inversión de los recursos.
El Infonavit construyó vivienda desde agosto de 1972 y para 1985, ya había edificado 76 mil 245 viviendas en la Ciudad de México, pero dejó de hacerlo en 1992.
Por lo tanto, Paredes dijo que los miles de millones de pesos que administra el Infonavit se deben destinar a la construcción de vivienda en ciudades con escasez, pero con el déficit bien monitoreado y comprobado, además, detallar los incentivos, tasas y plazos para que funcione el proyecto.
La iniciativa también menciona que cualquier trabajador con un año de cotización podría acceder a la vivienda en renta propiedad del Infonavit y obtener el derecho a adquirirla si mantiene el pago de su renta durante 10 años.
Asimismo, se dará acceso preferente a los trabajadores con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia.
Jorge Carbonell, director general de la inmobiliaria Keller Williams, consideró una buena la idea de que el Infonavit regrese a construir vivienda, pero ve con recelo que lo haga para rentar.
“Lo que necesita el país es que se vuelva a construir vivienda, siempre y cuando se transformen las manchas urbanas y no abusar de la construcción nueva fuera de las zonas urbanas porque eso ocasiona problemas como falta de servicios y puede salir peor el remedio porque, en el pasado, esas propiedades quedaron abandonadas”, comentó.
La iniciativa del Presidente refiere que en Viena, Austria, más de 70% de las viviendas existentes cuentan con algún esquema de renta controlada y protecciones inquilinarias.
“En esta ciudad la mitad de las viviendas son públicas y las personas tienen la garantía de una renta asequible. El impulso público a la construcción no ha impedido la construcción de vivienda privada que también goza de regulaciones de alquiler”, destacó.
Otro caso es el Condominio de Justicia Social de la comuna Recoleta en Chile, donde una entidad pública sin fines de lucro opera con el municipio para la construcción y renta de viviendas a bajo costo.
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda señaló que el mayor riesgo de esta iniciativa es que si los inquilinos dejan de pagar la renta, quienes perderían son los trabajadores afiliados, pues es con el dinero de sus aportaciones y las de sus patrones con lo que se financiaría este proyecto.
