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Expertos consideraron que la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va por revocar concesiones en la cadena productiva y distribución de hidrocarburos a particulares argumentando seguridad nacional, tiene vicios de inconstitucionalidad, viola tratados internacionales —como el T-MEC y el NAFTA—, y con las intervenciones temporales podría haber expropiaciones indirectas.
Raúl Pérez Johnston, experto en temas energéticos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, consideró que la iniciativa tiene buen espíritu, pues nadie está contra atacar la corrupción, ni el robo de combustibles, pero los medios con los que se busca, tal vez no logran el objetivo
Aseguró que la iniciativa puede generar una situación de posible desvío de poder y expresó su preocupación por las facultades que se le quieren otorgar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía de revocar permisos, controlar y vigilar todas estas actividades.
“Sería importante establecer candados en el artículo 59 Bis para vincularlos a la Ley de Expropiación. Sí habría una violación, no solamente al T-MEC, sino también el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (NAFTA), que tiene dos años de vigencia”, dijo Pérez Johnston.
“Hay violaciones a los principios constitucionales de competencia económica, libre concurrencia y seguridad jurídica de manera principal en estas disposiciones”, agregó.
Por su parte, Rosanety Barrios Beltrán dijo que probablemente no es su intención, pero así como está redactado, hay una discrecionalidad gigante que amenaza los intereses del particular.
“Así como está redactado, así se entiende, y genera una tremenda incertidumbre jurídica, no sólo para el nuevo, sino para el que desde hace 20 años está invirtiendo en México”, dijo.
Costosas indemnizaciones
Si se aprueba un cambio constitucional para la reforma eléctrica o la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza los amparos a las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, los costos para el país serán mayores porque deberá pagar indemnizaciones al sector privado, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
Durante la presentación de la campaña YosiVoto, el representante del organismo expuso que los cambios de la nueva ley van contra los tratados comerciales internacionales y también contra las disposiciones constitucionales, por lo que dijo que los empresarios recurren a la figura de los amparos.
“El amparo le permite a cualquier ciudadano protegerse, defenderse contra una acción de gobierno que va contra sus derechos. En ese sentido, celebramos que en el Poder Judicial los jueces hayan dado estos amparos, primero con una suspensión provisional, y luego una suspensión definitiva, esto llevará a que una vez que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que decida, es lo que tenemos que acatar todos los mexicanos”, expuso.
Añadió que “en caso de que sea contra las empresas, habrá un costo adicional para el país porque tendremos que indemnizar a todas estas empresas que habían invertido en el país, que invirtieron con la serie de condiciones y que ahora se estarían cambiando”.
Al referirse a la reforma fiscal que pretende hacerse en el país, dijo que si bien el gobierno federal necesita más recursos lo que se requiere es una mayor base de contribuyentes.
