Los avisos de reportes antilavado que deben enviar las empresas que ofrecen servicios de activos virtuales se triplicaron en 2023, después de la primera gran crisis de liquidez que sufrieron las criptomonedas el año pasado.
La Secretaría de Hacienda tiene registro de que, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 15 mil 548 avisos de enero a marzo del presente año.
Este número es más del triple que los 4 mil 939 reportes que llegaron durante todo 2022, cuando el valor de las criptomonedas presentó fuertes pérdidas.
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En particular, el bitcoin, considerada la reina de las criptodivisas, cotizó en un mínimo de 303 mil pesos por unidad el 21 de noviembre de 2022, un desplome de 79% frente al máximo histórico de 1.4 millones de pesos establecido un año antes, según información de Investing.
La unidad de inteligencia que encabeza Pablo Gómez Álvarez ha recibido un total de 26 mil 240 reportes desde 2020, cuando el país comenzó a incluir a las empresas que ofrecen activos virtuales como actividades vulnerables al lavado de dinero, conforme lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La legislación señala que las actividades vulnerables a operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo deben presentar avisos sobre los actos u operaciones que realicen, a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se lleven a cabo dichos actos u operaciones.
Los reportes los deben enviar al igual que los casinos, joyerías, casas de arte, empresas de blindaje de autos, inmobiliarias, emisores de monederos y tarjetas, distribuidoras de autos, traslado y custodia de valores, donativos, así como servicios profesionales realizados por notarios, fedatarios y agentes aduanales.
La ley antilavado, que entró en vigor en 2013, tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, instaurando medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Operaciones sospechosas
Una vez que se recibe esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera implementa un proceso de limpieza y estandarización de todos los registros.
Esto permite hacer un análisis estadístico y matemático sobre todos los sujetos de los que se tiene información financiera.
Posteriormente, se analizan los reportes y avisos para distinguir las operaciones sospechosas; incluye el análisis financiero y económico y otra información relacionada.
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Así es que, como resultado de todo ese trabajo, presenta las denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar y en su caso, presenta vistas.
Sin regulación
En México, como en la mayoría del mundo, las criptomonedas no están reguladas ni controladas por ninguna institución o respaldadas por el banco central o por alguna otra autoridad.
Son activos virtuales, cuyo valor varía en función de la oferta, la demanda y del compromiso de los usuarios.
Tras surgir en 2009, el bitcoin fue la primera criptomoneda y desde entonces aparecieron más. En México la mayoría de los usuarios de dichos activos son jóvenes que las utilizan más como una inversión.
Actualmente Bitso es el más grande promotor de criptomonedas en el país, pero hay otras plataformas que operan estos activos, como FTX, que en noviembre del año pasado se declaró en bancarrota, causando una crisis puesto que llegó a ser la tercera más importante del mercado de las criptodivisas.
Tras la crisis que inició con la debacle de FTX, el sector se contagió y la situación se agravó con el alza de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo, sumado al fortalecimiento del dólar, ya que llegó a perder más de 160 mil millones de dólares, luego de que en el año 2021 tocó su punto más alto, con un valor total de 2.9 billones de dólares.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que el bitcoin perdió prácticamente dos tercios del valor máximo alcanzado a finales de 2021, mientras el Banco de Pagos Internacionales ponderó que casi tres cuartas partes de los inversionistas participantes en ese mercado perdieron su dinero.
De ahí que el FMI estableció que si bien los criptoactivos todavía no suponen un riesgo para el sistema financiero mundial, para ayudar a resolver varias de las dudas que plantean tras el auge y crisis que han presentado, es importante que exista una regulación y supervisión financiera más estrictas y el desarrollo de normas internacionales.
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