Ante el asesinato de tres líderes empresariales el mes pasado a manos del , el sector privado teme represalias al denunciar las extorsiones, dijeron presidentes de confederaciones en entrevista con EL UNIVERSAL.

Es preocupante la tragedia que vive el país, “porque nos pone en riesgo a todos”, externó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre.

“El riesgo es para todos y el que tiene que garantizar la seguridad es el gobierno, no nosotros, y ahí la demanda de todo el sector es exigir que se esclarezca el crimen y confiar en que la autoridad agote todos los medios para dar con los que cometieron los atentados, y lamentar la situación, que no nada más afecta a un líder, sino a una familia que es la Concanaco”, expuso.

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Añadió que los recientes crímenes deben significar un antes y un después, al recordar que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) surgió luego del asesinato de Eugenio Garza Sada, cofundador de Cervecería Cuauhtémoc.

El mes pasado, Minerva Pérez Castro, expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Ensenada, Baja California, fue asesinada tras difundir extorsiones del crimen organizado; al igual que Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, dueño de la compañía de cereal Chachitos, en Chihuahua, y Julio César Almanza Armas, exlíder de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, esta tragedia “resalta la creciente preocupación por la seguridad en el país y el riesgo que enfrentan los empresarios”.

Deben tomarse medidas contundentes para evitar que estos actos de violencia se repitan y podamos asegurar que no haya más víctimas en el futuro, señaló.

El sindicato patronal destacó que hubo un promedio diario de 31 víctimas de extorsión en la primera mitad de este año, aunque las cifras del Inegi muestran que la cifra negra del delito yace en 97%.

Indicó que la extorsión o cobro de piso es el segundo delito que más padecen los empresarios, sólo por detrás del robo de mercancía, equipo y dinero.

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“Negarse a pagar es peligroso”

Un directivo que pidió el anonimato explicó que “denunciar o negarse a pagar la extorsión es muy peligroso, porque hay riesgo de muerte. Los propietarios son amenazados y hay casos de dueños de negocios y de todos los sectores”.

Lo que se aconseja es dejar todo el negocio e irse a vivir a otro país. Esto lo van a negar todos los presidentes municipales, gobiernos estatales y federales, pero es algo que sucede, expuso.

“Desde la autoridad máxima se niega y desestima, eso es lo peor, y si llegan a hacer demandas, se presume que hay contubernio con el Ministerio Público y se le avisa a la banda de la localidad de que ya denunció”, agregó.

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Detalló que hay negocios de abarrotes que pagan desde 500 pesos mensuales para protección, pero si es una tienda de conveniencia de alguna cadena puede subir a 5 mil pesos o más. Para zonas industriales está entre 15 mil y 20 mil, pero dependiendo del tamaño y de la industria puede llegar a 30 mil.

“Amenazan a los trabajadores de que si denuncian los pueden matar o que irán contra su familia, porque dicen conocer dónde viven y en qué escuelas van los hijos y dónde está la familia”, dijo el directivo.

Poder financiero

El Sondeo de Seguridad Empresarial 2024 de la American Chamber Mexico (Amcham) reveló que 82% de los encuestados perciben un fortalecimiento del crimen organizado en el último año y 46% consideró que hay corrupción de autoridades en general.

“El crimen organizado se consolida como una industria con amplio poder financiero y de acción que ha alcanzado altos niveles de sofisticación”, señaló el organismo que agrupa a más de mil 450 empresas con capital estadounidense en México.

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La encuesta mostró que 13% de los negocios consideran que el crimen organizado tomó el control parcial o total de la venta, distribución y precios de sus productos.

La Primera Medición de 2024 de Data Coparmex 2.0 arrojó que 74% de las extorsiones evitaron ser denunciadas al considerar que no se resolverán los casos.

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