Sin una política articulada se revertirá cualquier avance en materia de pobreza laboral , subocupación e informalidad , advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
El directivo advirtió que existe una desarticulación entre los objetivos planteados por el gobierno, las poblaciones y los apoyos que se están entregando. “No se trata de que exista un programa específico que atienda por sí sólo las problemáticas, sino que exista una organización efectiva de programas y estrategias, para responder a la emergencia que se presenta como producto de la pandemia", explicó.
Por ejemplo, los jóvenes, además de enfrentarse a un mercado laboral con dificultades para contratarlos, están sufriendo problemas ocasionados por el tránsito al modelo de enseñanza virtual, que tiene que considerar el acceso desigual a las tecnologías de la información, lo que implica graves consecuencias para la calidad educativa.
"Esto genera un impacto negativo en lo que pudiera considerarse un avance en el rezago educativo; además, daña la permanencia de los jóvenes en su formación académica, por lo que al salir a buscar un empleo, enfrentan serios problemas para cumplir con las habilidades demandadas por los empleadores, así como para acceder a puestos mejor remunerados, pero que requieren un mayor nivel de formación en destreza", agregó el directivo.
El porcentaje de pobreza laboral es de 44.5%, cifra que supera el 35.7%, registrado en abril de 2020, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval ).
La institución también dio a conocer que, aunque la tasa de informalidad se redujo entre abril y diciembre de 2020 (56.1% a 54.2%), la tasa de subocupación tuvo un aumento considerable, pasando de 8.5 a 17 puntos porcentuales. Cabe mencionar que, entre marzo y diciembre de 2020, se registró la pérdida de 709 mil 211, empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunado al incremento de la población en pobreza laboral, se suma que más de 57% de la población en el país no tiene acceso a la seguridad social, incrementándose la informalidad, y una mayor situación de vulnerabilidad ante el impacto generado por la crisis.
De acuerdo con datos del Coneval, las afectaciones por la reducción de actividades económicas podrían generar un aumento, de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos; y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.
"Si no se garantiza a la población el acceso básico a los bienes y servicios que hacen posible tener derechos sociales, no es verídico el hecho de que estemos mejorando en creación de empleos, y en la mejora de los índices de pobreza laboral", alertó Armando Leñero.
El presidente del CEEF señaló que el empleo formal en México tiene un déficit de 21 millones de puestos de trabajo, por lo que no queda clara la intención de la actual administración federal por construir un sistema de bienestar para todas las personas, durante las diferentes etapas de su vida laboral y personal.
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