Los costos de enfrentar la crisis económica por el Covid-19 provocarán una crisis fiscal en países con menores recursos, advirtió la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).
De ahí la importancia de contar con un fondo humanitario nacional que acepte donaciones y contribuciones privadas y públicas para impulsar acciones destinadas a paliar la emergencia sanitaria y social, consideró.
Lo anterior, añadió, podría ser en forma paralela a las contribuciones y acciones de gobiernos y organismos internacionales de carácter financiero y político.
ASIP señaló que mientras sólo una escasa cantidad de países desarrollados ha podido inyectar fondos para mantener las actividades y promover el bienestar de los ciudadanos, muchos no están en condiciones de hacerlo.
Los países con menores recursos también deberán tomar distintas medidas para paliar los frágiles y elementales equilibrios de economías débiles y desiguales.
En días pasados, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dijo a
diputados de Morena que los países avanzados se dieron el lujo de dar incentivos fiscales durante la cuarentena vía políticas contracíclicas equivalentes a 20% o 30% del Producto Interno Bruto (PIB), con tasas de interés negativas.
Pero, advirtió que el problema se dimensionará cuando enfrenten el costo fiscal del apoyo. Si México lo hubiera hecho, se tendrían que haber cancelado los programas sociales, agregó.
“Hay países, economías como las nuestras que se endeudaron en el equivalente de 20% del PIB y no han podido resolver el problema porque el Covid-19 no se ha ido”, ponderó Herrera.
La ASIP planteó una serie de recomendaciones para que los países como México puedan enfrentar el shock económico provocado por la pandemia, como la creación del mencionado fondo humanitario nacional.
Propuso que se invite a los ciudadanos y empresas de cada país, invocando su patriotismo, para que, en la medida de sus posibilidades, efectúen un aporte voluntario a dicho fondo.
La asociación consideró que las medidas adoptadas por los gobiernos en América Latina incidieron de distinta forma sobre los grupos de población más vulnerables como niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, comercios, pequeñas y medianas industrias, profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia.