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La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que en 2018 el costo de recuperación y respuesta a ciberataques en el sistema financiero mexicano fue de 107 millones de dólares.
Los eventos de seguridad digital más comunes identificados en 2018 fueron el código malicioso o malware, afectando a 56% de las entidades financieras mexicanas, seguido por el phishing dirigido para tener acceso a sistemas, con impacto en 47% del total de los jugadores del sistema financiero.
“Se destaca que 19% de las entidades e instituciones financieras identifican ocurrencia de eventos de malware diariamente”, arroja el documento de la OEA.
Entre las principales motivaciones para la realización de estos ataques se encuentran las económicas, en 74% de los casos, y en menor medida las razones políticas, el hacktivismo, la reputación personal como hackers y el robo de información personal.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la adaptación a nuevos modelos de negocio y la explotación de canales digitales pretenden aprovechar las ventajas de las tecnologías, pero en contraste tiene la aparición de nuevos riesgos que se deben prevenir con el fin de mitigar ataques y situaciones de fraude a los que se expone el sector financiero en México y sus usuarios.
En el texto, el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, destacó que ante la amenaza de la ciberseguridad, el factor humano es uno de los eslabones más débiles, además de que 64% de las organizaciones en Estados Unidos declaran haber sufrido eventos de phishing y se sienten vulnerables ante nuevas tecnologías.
“En los últimos dos años, entidades financieras en México han sufrido con mayor frecuencia ataques a las infraestructuras de pagos y cajeros automáticos que han representado pérdidas por montos significativos”, explicó Palma.
Ante el entorno de ciberseguridad en México, la OEA urge a invertir en seguridad de la información, incluyendo ciberseguridad y prevención del fraude a través de medios digitales, principalmente en los sectores bursátil, de ahorro y crédito popular, y de intermediarios financieros no bancarios.
Para el gobierno mexicano, la OEA recomendó elevar las capacidades de las autoridades de procuración de justicia, respecto al apoyo a la respuesta, investigación y judicialización de cibercriminales cuyas actuaciones afecten el sistema financiero.
El estudio se realizó entre 240 entidades financieras en el país, donde resalta la participación de seis bancos grandes.