La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la política energética de la presente administración obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política publicada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, el 15 de mayo de 2020.
Con esta decisión, los ministros de la Corte apoyaron declarar que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia”.
Por ello, han sido declaradas inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política de confiabilidad del gobierno.
“De subsistir la disposición 5.4., se permitiría que CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, señala.
Se establece que los preceptos considerados inconstitucionales contravienen la reforma energética vigente desde 2014.
Hasta ahora la política energética de la Sener no ha entrado en vigor debido a que la Corte concedió la suspensión provisional a la Cofece, en consecuencia, una vez que la resolución sea publicada y notificada legalmente, sólo subsistirán y entrarán en vigor las disposiciones que la sala no declaró inconstitucionales.
En particular, la Corte declaró que la política energética de la presente administración obstaculiza a la Cofece a cumplir con su función como organismo constitucionalmente autónomo encargado de garantizar la libre competencia económica así como la libre concurrencia, en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica.
Aunque la resolución reconoce que la forma de ejercer la política energética tiene un margen de discrecionalidad que le corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de la Sener y que debe apegarse a las normas, por lo que la Corte no puede establecer cuáles serían las mejores líneas de política o estrategia económica pero sí puede verificar que la política es acorde con la constitución federal y leyes.
Los ministros eliminaron la facultad otorgada al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para emitir dictámenes de viabilidad de interconexión como requisito previo o paralelo al permiso que otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Así como la facultad de que el Cenace pueda ordenar en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito.
Esto, debido a que implica “establecer una barrera a la competencia y la libre concurrencia”, porque desplaza del mercado a centrales eléctricas que pueden resultar eficientes, lo que significa privar a los consumidores de tarifas eléctricas accesibles.
Por la noche de ayer, la titular de la Sener tuiteó que respetarán la resolución de la Corte, así como la discusión y, en su caso, la aprobación que los diputados realicen sobre la iniciativa preferente que el presidente envió al Congreso sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica.
La decisión de la Corte de dar revés a la denominada política eléctrica de Nahle se da en la misma semana en que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para reformar la industria eléctrica, que busca fortalecer a la CFE al darle privilegios y relegando a privados.
La titular de la Cofece, Alejandra Palacios, expresó la preocupación de este plan porque en lugar de compartirse la red de transmisión se abusará del poder y se desplazará a las empresas privadas.
“La Cofece puede hacer lo que las leyes le permiten. Si la CFE, a través del Cenace, está obligada a compartir la red de transmisión con cualquier generador y abusa de su poder, y desplaza a terceros competidores, podría ser una práctica monopólica relativa, y la podríamos investigar”, dijo en reunión con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León.
Comentó que México debe avanzar hacia la producción de energías limpias y no depender de un solo producto, de lo contrario habrá un impacto en el costo de las tarifas de los consumidores del país.