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Quito, Ecuador.— La corrupción está lejos de ser un problema a la baja en América Latina, pero lo más grave es que repercute más en la población menos favorecida, dice el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García.
“Tristemente la corrupción está afectando a todo el continente. No hay país que se escape a este flagelo, y lejos de las expectativas que teníamos hace años de que se podía abatir, la realidad es que es un tema que se está incrementando.
“En la comisión hemos visto cómo este problema repercute en el goce de los derechos humanos, pero lo más crítico es que es a los más desfavorecidos a quienes más les pega este tema”, expone en entrevista con EL UNIVERSAL.
En el evento Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo, organizado por CAF, el banco de desarrollo de América Latina, Corporación Andina de Fomento, Hernández García destaca que aunque abatir la corrupción es un tema que atañe a muchos actores, el principal responsable de prevenir y atacarlo es el Estado.
“Es el que tiene la responsabilidad de prevenir, combatir y reparar las violaciones de los derechos humanos. El rol de la comisión es complementario, pero actuamos cuando se han agotado los recursos internos.
“A nosotros nos interesa que las estructuras nacionales están fortalecidas y que actúen con base en estándares interamericanos para reducir el número de violaciones, de lo contrario está incurriendo en una afectación a los derechos humanos de su población”, resalta.
Más allá de lo económico
Hernández dice que la corrupción tiene un agravio que no sólo debe quedarse en sus afectaciones al Estado de derecho, en la cooptación de las estructuras del Estado, ni en el impacto al desarrollo económico y su transferencia de costos a las finanzas públicas, sino también al golpe que representa directamente en el goce de los derechos humanos.
Expone que la corrupción puede traer como consecuencia que un servicio público se encarezca y que por ende las personas, sobre todo las más vulnerables, tengan menos acceso a esos bienes.
Ejemplifica que el flagelo puede elevar los precios de las medicinas, lo que hará que personas con menos recursos vean limitado su acceso a este producto.
Otro caso es quienes pagan mordidas para tener acceso a servicios médicos, lo cual constituye un acto de corrupción, pone en desventaja a quienes no tienen para sufragar ese acto y en consecuencia se quede sin cita para ir a un hospital.
“Así que hay una afectación directa a las personas más desprotegidas y lo único que se genera con este tipo de actos son círculos viciosos que sólo exacerban la pobreza y se les impide el goce a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”, enfatiza.
El vicepresidente de la comisión manifiesta que por eso, con las herramientas con las que cuentan y con el alcance de su mandato, trabajan en la reparación de personas que han sido vulneradas por este problema.
Añade que también es importante que para combatir este problema se blinde y permita el ejercicio de la libertad de expresión e información a través de los medios de comunicación, para que se expongan y destapen todos los casos para que las autoridades tomen las medidas pertinentes.
“Se tiene que garantizar el derecho de la información para que la ciudadanía conozca el estado de las cosas”, asegura.
Datos de Transparencia Internacional muestran que para 52% de los latinos la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, por sólo 16% que opinó que disminuyó y 29% que permanece igual.
Además, para 57% de las personas entrevistadas, el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este flagelo.
Por su parte, el CAF informó en un estudio que 79% de los latinoamericanos creen que los jueces castigan la corrupción menos de lo necesario.
