Casi una de cada tres personas que realizaron los trámites para iniciar una empresa en México fueron víctimas de corrupción durante 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El número de emprendedores que experimentaron algún acto de corrupción ascendió a 74 mil 287 en 2023, cifra que representa 27.5% del total de quienes realizaron un trámite para abrir un negocio, la tasa más alta desde 2013, cuando el instituto inició su registro.
La mayoría de las víctimas de la corrupción son micro y pequeños emprendedores, que por otra parte son el segmento que requiere más estímulos para legalizarse, por eso vemos que muchos de estos negocios se abren a la puerta de un zaguán en condiciones de informalidad, comentó Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.
“Este problema de la corrupción afecta de manera importante a los nuevos emprendedores, porque a la larga se convierte en un costo que se carga a la inversión y que luego lo buscan recuperar metiéndolo al precio [de los productos]”, dijo a su vez Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
En su opinión, esta administración abandonó todos los programas de apoyo a los emprendedores, por lo que abrir un negocio en México tiene un escenario difícil y se enfrentan problemas como la corrupción e inseguridad.
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Impuesto oculto
El año pasado, el costo promedio a consecuencia de la corrupción para dicho trámite fue de tres mil 646 pesos por emprendedor, cifra 8.3% superior a los tres mil 368 pesos promedio que en general eroga una persona por el mismo concepto en pagos, trámites o solicitudes de servicios.
De esta forma, se ubica entre los tres trámites con mayor costo promedio, sólo superado por los realizados en juzgados o tribunales, con un valor de siete mil 497 pesos, y los trámites ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal, por seis mil 842 pesos por persona.
“El costo de la corrupción representa entre 5% y 10% del valor de la inversión inicial que se hace para abrir un pequeño restaurante, una tienda de abarrotes, una peluquería, una papelería, una pequeña ferretería, es decir, un micronegocio”, afirmó Tenorio.
Relató el caso de una emprendedora que abrió una tienda de abarrotes e invirtió 60 mil pesos entre refrigeradores, estantería e inventarios, pero tuvo que erogar alrededor de cuatro mil pesos para facilitar el trámite no sólo en ventanilla para establecimientos mercantiles y licencias de uso del suelo, sino incluso para tener electricidad.
Impacto regional
El problema de la corrupción al tramitar la apertura de una empresa varía a lo largo del país, con regiones donde el impacto es más grave que en otras.
De las cinco regiones en las que el Inegi divide el país destaca el caso del sureste, donde la prevalencia de la corrupción es más alta, afectando a 38.8% de los emprendedores que gestionan la apertura de un negocio. Le siguen en orden de importancia la región centro, con una tasa de 31.4% de víctimas en dicho trámite; el occidente, con 27.6%, y el noroeste, con 21.0%.
En tanto, el menor nivel de prevalencia en la corrupción para el trámite para abrir una empresa se encontró en el noreste, con 12.1%.
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Gobiernos locales
El problema de las prácticas inadecuadas en las gestiones oficiales es más grave entre las autoridades locales que con las federales, las cuales registran una mayor vigilancia y regulación.
Así, la tasa de prevalencia de corrupción en trámites del gobierno estatal el año pasado fue de 19 mil 736 víctimas por cada 100 mil habitantes; la de los gobiernos municipales, de 16 mil 523, y en el gobierno federal, dos mil 136.
Cabe destacar que la mayor parte de los trámites para iniciar un negocio tiene que ver con gobiernos locales, y es ahí donde se debería poner atención para resolver la corrupción, dijeron los especialistas.
Hay gobiernos, como en el Estado de México, que han promovido desde hace 12 años la Ventanilla Única como un mecanismo para reducir el problema de la corrupción, pero en su mayor parte se aplica a nivel estatal; faltaría extenderlo a las administraciones municipales, comentó Tenorio.
Otro factor que podría mejorar la situación serían los procesos vía electrónica, considerando que los pagos, trámites o solicitudes vía internet aumentaron de 14.4% en 2021 a 16.2% en 2023.
La población que enfrentó algún problema con el uso de internet para sus gestiones oficiales fue de 7.8% contra 57.1% de quienes las realizaron en las instalaciones del gobierno, de acuerdo con los resultados de la ENCIG.