El porcentaje de víctimas de corrupción por realizar trámites relacionados con propiedades aumentó en 2023, sin mejorar el promedio que ha mantenido en los últimos 10 años, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.
El número de personas que experimentaron un acto de corrupción al realizar alguna gestión relativa a la propiedad ascendió a 23 mil 518 el año pasado, cifra que significó 23.5% del total, tasa superior a la de 22.3% registrada en 2021.
El nivel de prevalencia de este problema se mantiene estancado cerca del promedio de 23.8% reportado desde 2013, cuando el Inegi inició su medición.
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El costo por la corrupción en los permisos relacionados con la propiedad ascendió a 16 mil 744 pesos por víctima, cuatro veces superior a los cuatro mil 354 pesos que en promedio eroga una persona por este problema en pagos, trámites o solicitudes de servicios en general.
Los trámites relacionados con la propiedad tienen que ver con los permisos básicos para construcción, remodelar o ampliar una vivienda, que incluye las solicitudes de alineamiento y número oficial, explicó Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey.
Esas gestiones relacionadas con la propiedad son responsabilidad de autoridades municipales, donde la tasa general de prevalencia de la corrupción en trámites asciende a 16.5%, tasa menor a la de 19.7% reportada para gobiernos estatales.
Contraste regional
A escala nacional, los estados que reportan los mayores niveles de prevalencia de corrupción en 2023 en permisos relacionados con la propiedad fueron: Chiapas, con una tasa de 73.5%; seguido de Baja California, con 53.8%; Tabasco, 51.9%; Veracruz, 45.7%; Ciudad de México, 45.5%, y Quintana Roo, 43.1%.
Por el contrario, los estados con las menores tasas de este delito fueron: Chihuahua, con 1.9% víctimas de corrupción en estos trámites; Querétaro, 4.5%; Zacatecas, 5.5%; Sonora, 5.9%; Coahuila, 6.4%, y San Luis Potosí, 8.1%.
En los casos de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas no hubo datos porque se estima una posible ausencia del fenómeno, explicó el Inegi.
Tenorio destacó que los regidores de cada ayuntamiento están al pendiente de la actividad en sus municipios, vigilando a quienes construyen, para ver si cuentan con los requisitos necesarios, como permiso de obra o planos, así como lo relacionado con lo hidráulico, lo estructural y arquitectónico.
“Cuando una persona solicita el permiso de construcción, necesita presentar los planos y, como mucha de la actividad está relacionada con la autoconstrucción a nivel local, la mayoría no tiene ese soporte formal de planos, por lo que tiende a incurrir en actos de corrupción”, agregó el académico.
Reto multidimensional
La corrupción en México es compleja, tiene muchas dimensiones y esa complejidad, precisamente, se destaca en la propia encuesta del Inegi, comentó hace unos días en la presentación de los resultados Adrián Franco, vicepresidente de la junta de gobierno del instituto.
Por ejemplo, una de cada tres personas tiene un problema para realizar trámites en la apertura de empresas, o bien, una de cada cuatro personas tiene un problema para asegurar jurídicamente sus bienes, es decir, con los trámites con relación a su propiedad.
Son temas del ámbito estatal y municipal que afectan la vida de las personas de manera directa, destacó el funcionario.
En su opinión, “la confianza es un tema importante, se ha dicho por expertos que es el cemento que une a la sociedad, es lo que nos mantiene cohesionados con las instituciones con las que nos gobiernan”.
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De acuerdo con los datos de la encuesta, la percepción de que la corrupción es frecuente o muy frecuente en los gobiernos estatales y municipales es de 70.7% y 68.7% de la población, mientras que, en contraste, la confianza en dichas instituciones es de apenas 49.9% y 39.4%, respectivamente.
Uno de los fenómenos que surge de esto, por ejemplo, es que no hay denuncia del delito, dijo Franco.
“Si no confiamos en las autoridades, no denunciamos el delito, por lo cual hay una cifra negra bastante alta, que en el país está arriba de 93%, y si no hay denuncia del delito, las autoridades no pueden actuar, por lo tanto, es un círculo negativo a partir de no tener confianza”, afirmó.
Entre los principales motivos por los cuales las víctimas de un acto de corrupción no lo denuncian ante alguna autoridad es porque consideran que es inútil y no le darán seguimiento, con una tasa de 29.5%; por ser una pérdida de tiempo, 18.5%; por pensar que la corrupción es una práctica muy común, 12.6%, y porque obtuvo un beneficio, con 11.6%.