Aun cuando el gobierno hace un esfuerzo por erradicar la corrupción a nivel federal, este problema prevalece sobre todo en la impartición de justicia, así como en estados y municipios del país, señalan especialistas.
“Hemos concentrado la vigilancia que se hace del gobierno federal, pero la verdad es que a nivel de los gobiernos estatales y municipales sigue prevaleciendo el problema, desde entregar dinero para acelerar un trámite, hasta sustituir información veraz por inventada”, advirtió Raymundo Tenorio, profesor del Tecnológico de Monterrey.
“Ahí es donde el propósito federal de combatirla no tiene la penetración a la vida cotidiana de las personas”, agregó.
En opinión de Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, el mayor deterioro que ha registrado México en las comparaciones internacionales y locales en materia de corrupción en los últimos años se centra en la impartición de justicia y la falta de consecuencias ante los delitos.
En su opinión, el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es un ejemplo de cómo la prevención y combate a la corrupción se quedan en el discurso.
“En todos los casos de gran calado se repite esta percepción de que la justicia no se imparte por igual, ni a hombres ni mujeres, ni a personas con distintos contextos socioeconómicos. En México la justicia es para quien puede pagarla, no sólo del que puede pagar una mordida, sino porque pueden pagar mejores abogados, procurarse mejores condiciones de la defensa”.
El 54.6% de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020, informó el Inegi a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra hoy.
Las estadísticas arrojan que de 2013 a 2019 la incidencia de estos actos entre las personas pasó de 12.1% a 15.7%.
Por ejemplo, 62.1% de la población mayor de 18 años creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019; sin embargo, la proporción de personas que resultaron víctimas fue de 15.7% de quienes tuvieron contacto con algún servidor o servidora pública.
Por su parte, 5.1% de las empresas fueron víctimas de corrupción, nivel se ha mantenido respecto a 2016.
“También, es corrupción aceptar o dar un puesto público a quien no reúne los requisitos, o recomendar para obra pública a amigos, compadres”, explicó Raymundo Tenorio.
Por eso es necesario mejorar la calidad de las instancias supervisoras como la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, consideró Sofía Ramírez.
La corrupción es dañina no sólo para la confianza y el desarrollo del país, sino para las relaciones entre ciudadanos con la autoridad, agregó.