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Los actos de corrupción y la falta de transparencia en México generan pérdidas equivalentes a 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, dijo el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza.

Durante la presentación de la política de integridad industrial de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el funcionario dijo que por ello el gobierno ha buscado acciones para atacar ese problema, vía el Sistema Nacional Anticorrupción, y atiende sugerencias de varios organismos internacionales.

Confió en que el nuevo gobierno seguirá atacando el flagelo, por lo costoso para la sociedad y el daño que genera.

Al respecto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que es positivo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tenga en su agenda el combate a la corrupción, lo que va en la misma dirección del sector privado, que implementa medidas contra esas prácticas.

Sobre la declaración de López Obrador de que no habrá persecuciones en contra de los funcionarios actuales y que solamente se castigará a las personas de su administración que incurran en actos de corrupción, Cervantes añadió que por ahora la próxima administración necesita dar más señales de confianza que de persecución.

Al referirse al tema de la consulta ciudadana que se realizará los días 24 y 25 de noviembre para conocer qué opina la sociedad sobre diversos proyectos de infraestructura, entre ellos el Tren Maya, así como respecto a la Guardia Nacional, dijo que lo mejor es que se convoquen vía el Congreso de la Unión, lo que les dará mayor legalidad.

Por otra parte, el líder de los industriales pidió respeto a la actual ley de cámaras por parte de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, tras conocerse de una iniciativa para modificar el estatus de los organismos del sector privado.

Afirmó que estarán pendientes de las decisiones que se tomen en el Congreso de la Unión, y consideró que hay buena estructura actual de los organismos empresariales.

Por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que el presidente electo está en su derecho de llevar a cabo consultas, pero que en cuanto llegue al poder deberá apegarse a la normatividad en torno a ese tipo de ejercicios.

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