La negativa del gobierno de postergar la entrada en vigor de la reforma en subcontratación (outsourcing) provocará que se pierdan empleos y afectaciones en la construcción, servicios de seguridad y de promoción de productos, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“No dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación tiene como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores”, dijo la institución.
Además, el sindicato patronal lamentó que no se extendiera la prórroga pues, al no contar con el tiempo adecuado para implementar los cambios contenidos en la ley habrá efectos negativos por la reforma, que fue producto de meses de negociación entre sindicatos, gobierno y organizaciones empresariales.
Ayer entraron en vigor los cambios para el sector privado, mientras que para que todas las dependencias de gobierno e instituciones públicas las nuevas disposiciones serán obligatorias hasta el 1 de enero de 2022.
“Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en abril, solicitamos que el plazo de entrada en vigor fuera al 1 de enero de 2022, por estar inmersos en una pandemia”, dijo la confederación presidida por José Medina Mora.
“De acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y sólo 48 mil 444 lo habían obtenido”, detalló.
Aunque el registro de empresas continúa, hay dudas sobre los criterios de interpretación de la autoridad en actividades como la construcción, servicios de seguridad y la promotoría de productos, entre otros, “que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles”.
La Coparmex dijo que se planteó al gobierno postergar la reforma, aunque sólo se aplazó hasta el 1 de septiembre.