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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que aunque es “perfectamente entendible” el combate a la evasión y a la elusión fiscal, desafortunadamente las acciones que se aprobaron en el Senado harán de la autoridad un inquisidor de los contribuyentes.
Las medidas que se tomarán contra los contribuyentes podrán hacer que paguen justos por pecadores, es decir, que puede haber castigos injustos contra empresas, alertó el organismo empresarial.
“Estamos profundamente preocupados ante lo que parece ser el diseño de un sistema persecutorio que acosará a miles de agentes económicos que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma”, advirtió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.
Además, advirtió que luchar contra la evasión permite al gobierno federal cobrar impuestos, pero ahora con la finalidad de identificar el uso de facturas falsas, elevar la recaudación fiscal y lograr un mayor margen de maniobra en el ejercicio del gasto público, se busca imponer esquemas en los cuales puede haber empresas que sean acusadas de un ilícito, pero sin tener responsabilidad.
Es decir, deberán reportar “el conjunto de actos jurídicos que llevarán a cabo, revelando los detalles y solicitando la opinión favorable de la autoridad fiscal de manera previa”, mientras que el SAT podrá declarar de ilegal o positiva una estrategia.
Sin embargo, eso “viola el principio del secreto profesional y del derecho a la intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y asesores —en este caso en materia fiscal—, quienes acceden a datos e información del orden privado y que deben mantener en secrecía para proteger las actividades de sus clientes”.
Para la Coparmex, “no es lo mismo no pagar los impuestos que le corresponden a uno y pagar la menor cantidad tributaria que la actual legislación fiscal defina en su demarcación”.
Es precisamente a través de los asesores fiscales que se puede tener una estrategia que permita a las empresas enfrentar las cargas tributarias con mayor eficiencia, siempre en el marco de la ley, detalló el organismo.
Con ello, es evidente que la autoridad fiscal “tendrá nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo cuando éstos decidan realizar la planificación fiscal internamente”, advirtió.
Ello también pone en peligro la profesión de intermediación fiscal, de quienes asesoran a las empresas y otros tipos de contribuyentes para diseñar un conjunto de acciones que les permita enfrentar las cargas tributarias con mayor eficiencia.
Expuso que “es posible recaudar sin que sea necesario tener una política fiscal persecutoria. Debemos reconocer que la misma legislación establece alternativas que pueden generar economías de opción para los contribuyentes”.