La ley de implementación que aprobó en comisiones el Congreso estadounidense para aplicar los acuerdos del T-MEC evidentemente implica una injerencia laboral en México, afirmó la Confederación Patronal (Coparmex) de la Ciudad de México.
El tema de los cinco agregados laborales que tendrá Estados Unidos en la Embajada en México es una cuestión de injerencia, consideró Gabriel Aguirre, presidente del Comité de Estrategia Pública de la institución.
“Evidentemente más allá de la posibilidad de descuido [en la revisión del protocolo modificatorio del tratado], tengamos claridad de mantener la soberanía mexicana”, dijo a su vez el presidente de la Coparmex CDMX, Jesús Padilla.
Aguirre expuso que “tenemos una ley laboral adecuada y moderna, y respetando esas características México no tendrá ningún problema. Habrá que tener cuidado con un modelo injerencista”.
Dijo que este tipo de agregados debieran tener un espíritu de colaboración. “Si se trata de un proceso de comunicación y acompañamiento entre los tres países para que haya mayor competitividad, libertad sindical, para que haya mejores condiciones de bienestar, bienvenido”.
Dijo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no puede beneficiar solamente al país ni permitir que los acuerdos provoquen que se alejen las inversiones.
En el protocolo modificatorio del T-MEC se estableció que Estados Unidos generaría su legislación de implementación para iniciar un proceso contra otro país si niega los derechos laborales como libertad sindical o negociación del contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con la legislación estadounidense, los agregados del Departamento del Trabajo van a colaborar con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil para darles asistencia técnica, y otorgarán fondos económicos para el desarrollo de capacidades. Brindarán asistencia al comité laboral intersecretarial del gobierno estadounidense, pero no irán a verificar cada fábrica.
Con incrementos e incluso máximos históricos en el año, el sector informal de la economía sigue en altos niveles, mientras el gobierno busca fiscalizar más a empresas que operan en la formalidad, dijo Padilla.
Lo que se debe buscar es que todas las empresas sean formales, pero lamentablemente la informalidad rebasa tasas de 57% a nivel nacional, recalcó.
Además, pidió al gobierno no presionar más a los formales. “Hacemos un llamado para que no se insista en sacarle a los que están cumpliendo y que tomaron la decisión de arriesgarse, que pidieron prestado a su familia, que hicieron el acto heroico para hacer una empresa, que genera empleo, riqueza y genera recursos fiscales”.