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Por violaciones a las garantías individuales, tanto de individuos como de empresas, se pueden tramitar amparos por las violaciones constitucionales luego de que se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aseguraron abogados de la firma Hogan Lovells.
En la mesa redonda ‘Energía en México y su afectación ante el cambio’ que organizó la firma, los especialistas explicaron que los cambios que ya aprobaron los diputados no pueden ser legales porque se pretende hacer retroactiva la ley.
Por una parte, el socio de la firma Miguel Mateo Simón explicó que los amparos se pueden presentar para evitar que se aplique la ley ante su inconstitucionalidad. Si eso ocurre y se falla a favor del amparo, no hay afectación alguna para la empresa que tramitó la inconformidad, dijo.
Si se da un fallo en contra, el quejoso puede recurrir a un litigio, ya sea en tribunales nacionales o extranjeros, tomando en cuenta los mecanismos que se incluyen en acuerdos de protección de inversiones o de convenios comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las indemnizaciones que se pueden solicitar dependerán del monto de la inversión y del cálculo del tamaño del daño. De acuerdo con lo visto en España, donde varios inversionistas presentaron demandas por temas ligados al sector energético, se reclamaron daños por miles de millones de dólares.
“Si los amparos no son eficientes y efectivos, entonces vamos a ver en el futuro cercano cartas de inicio de procedimientos arbitrales bajo el T-MEC”, añadió.
Violación a garantías individuales
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados esta semana constituye una violación a las garantías individuales en México que tienen tanto las empresas como los individuos, aseguró Perla Gizeh Díaz Taracena, asociada senior de la firma de abogados.
Ante ello, todos se pueden amparar ante las afectaciones que tendrán y pueden argumentarse violaciones a garantías como de ambiente sano, salud y libre competencia, porque las medidas que incluye la iniciativa pueden afectar la libre concurrencia que la Constitución Política mexicana establece en actividades de generación y comercialización de energía eléctrica.
El dictamen de la reforma a la ley eléctrica pasó hacia la Cámara de Senadores para su discusión y posible aprobación.
El socio de Hogan Lovells, Carlos Ramos Miranda, afirmó que en la reforma se pretende hacer retroactiva la ley, algo que resulta inconstitucional porque el Estado puede establecer los límites que quiera, pero una vez impuestas, las reglas no pueden ser cambiadas unilateralmente.
No hay retroactividad de la ley, espacios para interpretaciones, agregó, “no puedes cambiar súbitamente la interpretación en cuestiones jurídicas”.
El problema es que ahora con la nueva ley se pedirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizar la energía eléctrica para los mexicanos y, se dejará de invertir en infraestructura, tecnologías y procesos con los que se produce electricidad a menores costos.
“Estamos pateando el bote para que dentro de cinco o 10 años sean obsoletas las plantas fósiles y no tengamos plantas amigables con el medio ambiente”, dijo.
Como las tecnologías limpias no existirán, “vamos a llegar a una situación de crisis donde no vamos a tener electricidad”, alertó Ramos Miranda.
