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La contaduría pública organizada del país respaldó la propuesta para extender el plazo obligatorio para que las empresas puedan cumplir con la reforma en materia de subcontratación laboral y así evitar multas de hasta 4.4 millones de pesos y de hasta tres años de cárcel por defraudación fiscal .
“Si ya hay una propuesta, creemos que es importante que se realice”, dijo la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP ), Diamantina Perales.
En conferencia de prensa virtual afirmó que se debe dar el tiempo que sea necesario para que los contribuyentes estén en condiciones, sobre todo que tengan todos los elementos para actuar conforme a los cambios de ley.
“Eso sería lo indicado para que se puedan evitar multas”, manifestó.
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Recordó que en conferencias pasadas ya habían matizado la necesidad de contar con un plazo necesario para que las empresas puedan cumplir porque las sanciones son muy altas.
“Si ya hay una propuesta, creemos que es importante que se realice porque va en congruencia a lo que mencionamos como Instituto”, matizó.
Según la líder del IMCP, para que los contribuyentes cumplan, es importante tener las condiciones, y en algunos casos ese proceso de adaptabilidad a la nueva forma de trabajar y obtener las constancias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del seguro social para realizar el registro ante la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lleva tiempo.
“No todos tienen la misma infraestructura o capacidad y las propias autoridades también de dar la respuesta necesaria para contar con todos los elementos”, acusó.
En su opinión, al tratarse de un proceso un poco radical que representa esta reforma, deben darse todas las circunstancias y los elementos para evitar juicios de parte de los contribuyentes al mencionar o justificar que no se tenían o no se contaba con todo.
Señaló que lo más sano es tener un proceso de transición ordenado sin inconformidades, y quizá un mes más sería bueno, aunque reconoció que se han dado avances, pero no suficientes.
La reforma en materia de subcontratación laboral se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de abril y entró en vigor un día después con un calendario que marcan los plazos para la transición.
El 22 de agosto vence el plazo para que las empresas de servicios y obras especializadas obtengan el registro ante la STPS para operar bajo las nuevas reglas.
Pero a partir del primero de agosto cobran vigencia las reformas en materia fiscal que prohíben hacer deducciones o acreditamientos por outsourcing ilegal.
Será un delito de defraudación fiscal simular la subcontratación de servicios especializados.
