La contaduría pública organizada en el país analizará las implicaciones que tendrá el hecho de que dos juzgados en la Ciudad de México (CDMX) serán los encargados de atraer la lluvia de amparos que se interpongan en todo el país en contra de la reforma penal fiscal que contiene la ley antifactureros.
“Como apenas lo dieron a conocer, habría que entrar al análisis jurídico”, dijo el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP ), Héctor Amaya Estrella.
Sin embargo, destacó que cualquier cosa que siga esta vía del amparo , tendrá un tribunal especial para poder procesar las inconformidades.
Explicó que esto obedece a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en donde se pide que todos los amparos que se presenten por el tema de comprobantes considerados apócrifos que traen operaciones simuladas, sobre todo aquellos que lleven a temas de violar la ley de seguridad nacional, se van a radicar en la CDMX.
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El pasado 18 de febrero, se dio a conocer que ante la presentación masiva de amparos en contra de la Ley Antifactureros y los relacionados con la reforma fiscal penal como delincuencia organizada , seguridad nacional, los Códigos Penal y Fiscal y la ley de austeridad, serán atendidos por juzgados de la CDMX.
De esta manera, todos los juicios de amparo que se interpongan en otros estados de la República, serán concentrados en la capital del país.
Se designó a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para conocer el trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la reforma fiscal penal .
Es decir que ahí se verán los amparos que interpongan contribuyentes en contra de las nuevas disposiciones sobre la emisión de comprobantes fiscales que escuden operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulado, delito que ahora es equiparable a delincuencia organizada y amerita prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, los que en esa materia, se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal.
De igual manera las inconformidades que surjan sobre aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se desahogarán en esos juzgados.
Así lo determinó el CJF, al anticipar que se espera la presentación “masiva” de amparos indirectos que provocará un aumento considerable en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
Esto podría causar el detrimento del derecho a recibir una justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 Constitucional, por lo que es necesario adoptar medidas que brinden solución a esa problemática, expuso el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales.
“Resulta indispensable determinar la concentración de las demandas de amparo en dichos juzgados para que las tramiten, resuelvan y se hagan cargo del cumplimiento de las sentencias que en su caso concedan el amparo y protección de la justicia federal”, argumentó.
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