De aprobarse como se planteó, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Energética del Ejecutivo federal pondría en entredicho el Estado de derecho y, por ende, la credibilidad de México en el ámbito global como socio comercial, advirtió el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
En un análisis realizado por el Grupo de Trabajo de Energía y Sustentabilidad del organismo, coordinado por Lourdes Melgar y Julia González, explicó que también se afectaría la posición del país como destino de inversión y como actor comprometido con la cooperación internacional y el cumplimiento de obligaciones adoptadas en materia ambiental y de derechos humanos.
Lo anterior, porque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador establece medidas retroactivas que afectarían inversiones hechas al amparo de la Reforma Constitucional en Materia Energética de 2013.
“Tomando en cuenta la experiencia internacional, el compromiso de México con el combate al cambio climático, con el desarrollo sostenible y una transición energética justa, consideramos que, de aprobarse en los actuales términos, la iniciativa constituiría un retroceso para el desarrollo del país”, alertó el Comexi.
El gobierno plantea una redefinición profunda del sector energético y de la minería, y establece un nuevo modelo para abordar la transición energética a través de modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de nueve transitorios, explicó el consejo en su análisis.
“En materia energética, la iniciativa propone un modelo de monopolios de Estado, en el cual, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos se convertirían en organismos estatales, con autonomía ilimitada y rectoría en su subsector”, indican.
“Al eliminar los órganos reguladores y reintegrar a la CFE el Centro del Control de Energía (Cenace), la arquitectura institucional propuesta se aleja de la experiencia internacional exitosa en materia de gobernanza, de mercados energéticos y elimina la certeza necesaria para atraer inversiones o financiamiento internacional en términos provechosos para México. De hecho, desaparecería el mercado eléctrico mayorista”, recalcó Comexi.
El análisis también recordó que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados obliga a México a “no […] invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.