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La primera limitante para la garantía del derecho a la educación en México es la baja cobertura de los servicios educativos en niñas y niños en edad de educación inicial, jóvenes en edad de educación superior, población hablante de lengua indígena y personas con discapacidad, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esta problemática se manifiesta principalmente en el bajo porcentaje de niñas y niños de 0 a 2 años que asistieron a la educación inicial en el ciclo 2021-2022 (4.8%); mientras que, por otro lado, en 2022, el 23.9% de los menores de a 3 a 5 años no fueron inscritos a ningún servicio educativo, advierte el Estudio Diagnóstico y Evaluación Integral Del Derecho a la Educación 2023-2024, elaborado por el Consejo.
También, en el alto porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no recibe educación superior, que está asociado a la baja disponibilidad de instituciones de este nivel, que se observa en la baja razón de instituciones por cada mil jóvenes, que fue de apenas 0.6 para el ciclo escolar 2022-2023.
En cuanto a la población hablante de lengua indígena, en 2022 solo el 9.4% asistieron a educación superior, en comparación con el 35.9% de los jóvenes no hablantes de lengua indígena que sí lo hicieron.
En 2022 había 1.1 millones de personas con discapacidad en edad escolar (0-24 años) mientras los servicios públicos de educación especial atendieron en 2021-2022 a menos de 600 mil personas, de las cuales no hay información disponible para identificar cuántas personas presentan alguna discapacidad, de manera que es posible que el número de personas con discapacidad cubiertas por los servicios escolares pertinentes sea menor que esa cifra.
Para atender este reto, los especialistas del Coneval recomiendan la integración del Sistema de Educación Inicial para armonizar los diferentes servicios que existen actualmente y fortalecer la rectoría de la Secretaría de Educación Pública.
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Se requiere un diagnóstico de servicios, modalidades y tipos de sostenimiento de la educación inicial; diseñar e implementar un Marco Curricular Común que considere los criterios mínimos que deben cumplir los centros educativos.
Otra recomendación es ampliar la oferta de educación indígena en secundaria y media superior, haciendo una transición entre estos y la educación superior intercultural a través del uso de instalaciones educativas existentes en las zonas de mayor demanda.
Diseñar e implementar mecanismos para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Para ello, es necesario realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de esta población, mejorar las condiciones de adaptabilidad (infraestructura y trabajo docente) de las escuelas regulares para incorporar a quienes pueden tomar educación presencial, así como diseñar e implementar un tipo de servicio adaptado para aquellos que no pueden asistir de manera presencial.
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