La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que coincide con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en que debe considerarse como delito grave la extorsión.
El país requiere de un ambiente seguro y propicio para atraer inversiones e impulsar un crecimiento económico.
“Ante la realidad de que la extorsión, lejos de disminuir, ha incrementado en varios puntos del país, el organismo cúpula apoya la propuesta de elevar este delito a la categoría de grave y perseguirlo de oficio, como lo declaró la futura presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo la Concanaco-Servytur, que preside Octavio de la Torre.
La extorsión debe de castigarse con entre seis a 10 años de prisión “a quien genere alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado”, una propuesta que ya se presentó una propuesta para reformar el Código Penal.
Dicho planteamiento se envió a los 32 gobernadores del país con el objetivo de que analicen el tema y tomen las medidas conducentes en sus estados, dijo la Confederación en un comunicado.
En el 2023, la Concanaco-Servytur llevó a cabo el Diagnóstico de Riesgos de Seguridad, en el que se detectó que en 26 de los 32 estados del país, “registraron diferentes modalidades de extorsión. Las más comunes son el cobro de piso y el derecho de paso, las cuales han afectado significativamente tanto a las comunidades rurales como a las zonas periféricas urbanas”.
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Dicho estudio también mostró que hay una “penetración de actores y organizaciones criminales en las cadenas de valor en 25 estados del país, donde han logrado infiltrarse desde la proveeduría hasta la distribución y venta de diversos productos, incluyendo materiales de construcción, alimentos, bebidas y materias primas, con énfasis en productos esenciales como el huevo, la tortilla, el pollo y la carne”, dijo la Concanaco.
Para la Confederación es necesario conformar mesas de trabajo en las que participe el sector privado, así como los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal—para diseñar políticas públicas que fortalezcan la seguridad.
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