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Vivir abajo de una presa en México puede ser un riesgo.
Una falla estructural o mal estado de la cortina, deficiente funcionamiento por falta de conservación, deterioro por antigüedad, mala operación, alteración de estructuras o invasión de zonas de inundación o construcciones pueden poner en riesgo a poblaciones enteras, con pérdida de vidas, daños materiales y ambientales por fuga o descarga intempestiva de agua, como fue el caso en Tabasco.
El problema es grave pues, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se desconoce el estado de la infraestructura y el riesgo que representan mil presas para la población por falta de personal y presupuesto para su evaluación.
Incluso, el gobierno incumple la recomendación de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés) de realizar una inspección a la red de 6 mil 256 presas registradas en el Sistema Informático de Seguridad de Presas, al menos cada cinco años.
Es decir, México tiene el compromiso de realizar al menos mil 200 inspecciones al año, pero dada la carencia de personal especializado en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Conagua, se realizan por administración sólo 200 inspecciones, lo cual impacta zonas muy vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos severos.
En 2010, el gobierno puso en operación el Programa de Estudios Básicos de Evaluación, Medición y Control Mediante el Monitoreo Estructural en Presas, manejado por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, “pero hace años no les han dado recursos y desde 2017 no han actualizado la ficha técnica”.
Efecto negativo
Reflejo de esa vulnerabilidad es la frecuencia con la cual los fenómenos hidrometeorológicos afectan el territorio. Entre 1970 y 2017, un total de 236 ciclones tropicales impactaron el territorio, lo que equivale a cinco emergencias graves por año.
El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático reconoce que 273 municipios son altamente vulnerables a estos fenómenos, sobre todo en el sureste (Tabasco y Chiapas).
El proyecto Estudios de diagnóstico de seguridad de presas 2021 elaborado por Conagua señala que a la fecha se tienen registradas en el Sistema de Información de Seguridad de Presas 6 mil 256, muchas en servicio con más de 200 años de antigüedad y las cuales requieren evaluaciones periódicas.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Presas, algunas fueron construidas desde la época colonial y durante el siglo XIX y continúan en operación.
Conagua reconoce que el peligro de falla de las presas “es permanente” dadas las variaciones cada vez más abruptas que resultan del comportamiento anual del ciclo hidrológico afectado por el cambio climático, u otros casos de atención de emergencias atribuidas a riesgos naturales por lluvias puntuales intensas, vaguadas, sismos, deslizamientos, mal funcionamiento, vandalismo y robo o por contaminación ambiental.
Recursos insuficientes
Esta situación se complica más porque a nivel presupuestario el programa K111, que tiene como objetivo la rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza, es decir, obras principales y grandes que abastecen el riego en zonas agrícolas, tiene insuficiencia de recursos.
El próximo año, por ejemplo, este programa tendrá una reducción de 32.4%, al bajar de 465.9 millones de pesos asignados en 2020 a 315 millones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Del presupuesto asignado a la Semarnat el monto para trabajos de rehabilitación y modernización de infraestructura representa 1.02% el próximo año.
Conagua advierte que “de no llevarse a cabo el programa de inversión de 2021, la falla estructural o por mal funcionamiento de presas tendría efectos como empeorar el estado actual de la presa, pérdidas de vidas humanas, pérdidas por daños a sistemas productivos agrícolas, ganaderos, industriales, así como infraestructura”, entre otros.
