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Al negar que la prisión preventiva oficiosa castigue a la pobreza, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que con ella o sin ella, seguirán combatiendo la defraudación fiscal.
“Vamos a seguir persiguiendo a estos grupos, vamos a seguir persiguiendo la defraudación fiscal, tengamos prisión preventiva oficiosa o tengamos prisión preventiva justificada, pero lo vamos a seguir peleando arduamente”, dijo enfáticamente.
Durante una conferencia magistral que dicto en el marco de la Cumbre Fiscal sobre el paquete económico 2022 organizada por Thomson Reuters y Bakertelly, aseguró que al final de cuentas los casos que están persiguiendo, si son culpables terminarán en la cárcel.
“La resolución de la SCJN, no implica que no vayan a tener prisión al final de cuentas, sino que todo el proceso lo lleven en libertad, y que sin son condenados tendrán que ir a la cárcel, esa es la diferencia en el criterio”, explicó.
Hizo ver que la PFF cuenta además de la prisión preventiva, con órdenes de captura, y los casos que llevan avanzados, en ningún momento van a ser trastocados por la resolución de la Corte.
“Sí quisiera ser muy enfático en lo que se ha mencionado, los que estamos persiguiendo por outsourcing como por factureros desviando recursos públicos mediante estos esquemas, vamos a seguir persiguiendo a estos grupos”, advirtió.
Reiteró que con las reformas que dieron pie a la prisión preventiva oficiosa, no se atenta contra el más indefenso porque quien puede emitir un comprobante o participar en la simulación de comprobantes fiscales por 25 millones de pesos, que da una omisión de 8 millones de pesos, no es una persona de escasos recursos.
Más bien, señaló, se trata de un delincuente de “cuello blanco”.
Carlos Romero dijo que en la PFF consideran que debe respetarse la resolución de la SCJN.
“Respetamos plenamente a la Corte y a su criterio, sin embargo, no concordamos con ellos”, matizó.
Esgrimió que no se valoró que la Ley de Seguridad Nacional establece expresamente que por seguridad nacional, se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y estabilidad y permanencia del estado mexicano pasando por alto que la inestabilidad económica atenta contra dichos valores: integridad, estabilidad y permanencia.
Tampoco se valoró el diagnóstico y situación del país de la evasión fiscal que trastoca a dicha estabilidad económica del país y desarrollo social de los ciudadanos, añadió.
Acusó que se omitió que la Constitución otorga al legislador secundario, la facultad de señalar qué actos atentan contra la seguridad nacional, y no se consideró que este concepto es dinámico conforme a los propios criterios que la propia Corte adoctrina.
ml
