La operación de compra-venta de 13 plantas de Iberdrola, en la que participó el gobierno mexicano, envía una “señal negativa” a los inversionistas que quieran llegar al país, opinó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) a Iberdrola [sin ninguna prueba objetiva]. Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring”, señaló.
Para especialistas del CEESP, con esta operación “la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.
Además, al parecer los 6 mil millones de dólares provendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y aún se desconoce si la compra implica mayor deuda pública.
Lo que se sabe es que, si bien las centrales de generación eléctrica “son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar”.
El adquirir 13 plantas no implica que vaya a aumentar la producción eléctrica, porque se trata de plantas que ya operaban. Desafortunadamente se invierte en generación, pero la inversión en líneas de transmisión y distribución son insuficientes e incluso debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).
“En este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring”, y para ello hay que invertir en otras áreas como “mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya a lo largo de todo el país”.
En este punto, la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente.