Hace algunos años, Paul Krugman popularizó el concepto de ideas zombis: aquellas que, a pesar de sus probadas consecuencias negativas, se niegan a morir. Estas ideas son resucitadas una y otra vez por los políticos para mostrar un supuesto interés por la gente, siendo que, en realidad, la perjudican.
Una de estas ideas es establecer controles de precios. Como se ha mostrado a lo largo de la historia, el imponer un precio máximo al que se pueda intercambiar cualquier mercancía solamente beneficia a un grupo de privilegiados que pueden comprar ese producto a un precio menor al que tendrían que pagar en un mercado libre, pero a costa de otras personas a las que se limita su acceso. Esto es así porque un precio determinado artificialmente por decreto incentiva la demanda del producto, pero desincentiva su oferta, creando una escasez artificial y, muy comunmente, un mercado negro.
Mientras todo el mundo estaba distraído con la lucha de Morena por acabar en la práctica con la división de poderes e instaurar un régimen despótico en México, el pasado 28 de agosto entraron en vigor sin mucho ruido varias reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Entre las reformas, se incluye la prohibición de aumentar la renta de la vivienda por encima de la inflación. Medios que han reportado la noticia afirman que con esto “el gobierno capitalino quiere asegurar que las personas puedan encontrar un lugar digno y seguro para vivir”. Sin embargo, lo que sucederá será exactamente lo contrario: cada vez será más difícil encontrar vivienda en renta y, la que exista, será todavía más cara.
Si el acceso a una vivienda accesible en la Ciudad de México es cada vez más difícil, la razón es la falta de oferta, desincentivada por una serie de leyes y regulaciones sesgadas de manera importante en favor de los inquilinos, que hacen altamente riesgoso y poco rentable el tener una vivienda en renta, ya que la probabilidad de recuperar el inmueble ante un incumplimiento del arrendatario es sumamente costoso y tardado. Estas son las razones, además, de que los propietarios exigen elevados pagos por adelantado y todo tipo de garantías, que, lamentablemente, no mucha gente puede otorgar.
Mientras tanto, otros lugares del mundo dan ejemplo de cómo promover el mercado, eliminando restricciones. En Argentina, por ejemplo, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei fue derogar la ley de control del alquiler. Desde entonces a la fecha, la oferta de inmuebles para el arrendamiento se ha incrementado en más de 200% y los precios de las rentas promedio han caído 26% en términos reales.
Las reformas a la Ley de Vivienda introdujeron, además del control de precios, la figura de la “producción pública de vivienda para arrendamiento”, que podrá ser realizada por el gobierno de la Ciudad de México con recursos públicos. Es decir, no solo se aprueban medidas que desincentivan todavía más la oferta de vivienda en renta por particulares sino que, un gobierno que es incapaz de proveer eficientemente servicios básicos a la población, como seguridad y drenaje, pretende convertirse en desarrollador inmobiliario y arrendador, lo que será una fuente más de corrupción, de beneficios para empresarios prebendarios y de consolidación de clientelas electorales.
Lamentablemente, parece que en México nos empeñamos en ir en sentido contrario al de la sensatez económica.
*Profesor y director del área de Entorno Económico de IPADE Business School.
