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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La comisión explicó que se tomó esa determinación porque la Ley “adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”.
Por medio de un comunicado, el regulador antimonopolios explicó que la ley genera incertidumbre y debe subsanarse en cuanto a la información de los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, para que no sea una decisión política o discrecional.
“Esa condición permitirá a la Cofece dar certeza a sus procesos de reclutamiento y permanencia de personal, lo cual resulta trascendental ya que su autonomía técnica está sustentada en su capacidad de atraer, retener y especializar a su capital humano”, dijo.
Por otra parte, la Cofece argumentó que cuenta con un régimen especial en la Constitución al tratarse de un órgano autónomo de especialización técnica.
“Por ello, la ley referida debe contar con los elementos que permitan regular de manera explícita los sueldos de una institución que cuenta con esta reconocida especialidad, en términos de lo señalado en el propio artículo 127 constitucional en su fracción tercera, que prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor a 50% de la remuneración del Presidente”, detalló.
La Cofece pide claridad sobre este punto del artículo constitucional, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se menciona que la remuneración de los servidores públicos en ningún caso “podrá ser superior a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año”.
“La controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias adoptadas por este gobierno para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía constitucional otorgada a la Cofece en el artículo 28 Constitucional para estar en condiciones de cumplir con su mandato de combatir la falta de competencia en los mercados”, aclaró.
Por otra parte, la Cofece reconoció que la Cámara de Diputados aprobó el techo presupuestal del organismo como fue propuesto.
