La posible existencia de prácticas anticompetitivas por parte de proveedores del gobierno de tecnologías de la información y comunicación pudieron afectar las compras públicas, informó el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), José Manuel Haro.
El tamaño del mercado que puede afectarse es de 28 mil millones de pesos, considerando el gasto gubernamental de 2021, pero sólo representa compras del gobierno federal, de manera que falta estimar las afectaciones a nivel estatal y local, expuso.
Si bien se tiene identificado el tamaño del mercado de esas compras públicas federales, la investigación no se limita solamente a ese nivel, por lo que puede extenderse a licitaciones públicas estatales o municipales, mencionó el funcionario.
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La investigación, que se inició de oficio, considera que los tres niveles de gobierno adquirieron más tecnologías de la información y comunicación para que los funcionarios de gobierno realizaran sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto a causa de las restricciones sanitarias.
El titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece expuso que la investigación se inició el 31 de marzo pasado y se dirige a los procedimientos de compra y arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisores, fotocopiadoras, cámaras, equipos de almacenamiento y productos relacionados, en el territorio nacional.
También tiene que ver con la contratación o compra de tecnologías de la información y comunicación como servicios de transmisión, software, servidores de internet, además de los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con tecnologías de la información.
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Existen indicios de que el gobierno es afectado por agentes económicos que, a través de convenios, arreglos, contratos o todo lo anterior, para manipular precios, restringir ofertas, dividir el mercado, coordinar posturas en las licitaciones o intercambiar información, dijo Haro.
Añadió que el gobierno fue afectado por esas prácticas, por lo que a partir de que se inició la investigación, la Cofece puede investigar 10 años hacia atrás.
Por ahora se está en una fase “muy temprana” de la investigación, pero la Autoridad Investigadora puede tomar hasta 120 días hábiles prorrogables por cuatro periodos, es decir, 600 días hábiles, para realizar el análisis.
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