Ante anuncios de empresarios tortilleros de que puede haber alzas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió a asociaciones de productores que es contra la ley ponerse de acuerdo para manipular los precios del kilo y que, de haber aumentos por consenso, habrá multas y sanciones penales.
La Autoridad Investigadora de la Comisión envió un exhorto al Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, porque “tiene conocimiento de que podría existir un aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla, el cual pudo haber sido incitado por estas agrupaciones al promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto”.
Desde hace unas semanas, diversas agrupaciones afirman que hay un alza de insumos que puede llevar a aumentar el kilo de tortilla, por lo que las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía emitieron un comunicado en el que exponen que no hay motivo para un incremento, pues los precios de los granos se mantienen estables.
Hace una semana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, se reunió con harineros y algunos productores de tortilla, quienes culparon a las harineras de las presiones en los insumos, argumentando que las grandes firmas dieron a conocer que a partir del 1 de diciembre subirán el precio de la harina de maíz.
En medio de ello, la Cofece expuso que no se puede intercambiar información entre agentes económicos competidores para establecer precios, ya que ello equivale a prácticas monopólicas absolutas. Incluso, la comisión invitó a los tortilleros que ya se pusieron de acuerdo para subir el precio de la tortilla a acercarse a la autoridad para dar los detalles del acuerdo y adherirse a su Programa de Inmunidad, y con ello obtener una reducción de las sanciones económicas o penales, a cambio de la cooperación total.
De comprobarse esas prácticas, se pueden fijar multas de hasta 10% de los ingresos de cada agente económico que participe en el convenio para aumentar los precios e incluso puede haber responsabilidad penal de las personas físicas involucradas, de entre cinco y 10 años de prisión, así como una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA).
Los precios deben determinarse sin injerencia de los competidores. Cuando exista o si existe un alza en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de incrementar o no el precio debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de forma coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, dijo la autoridad.