Guías anticorrupción, sistemas de control, códigos de ética, vigilancia, auditorías y procedimientos de denuncia son requisitos que pedirán a los empresarios.
La Secretaría de la Función Pública promueve estos requerimientos a proveedores y no proveedores del gobierno que pretenden ser parte del Padrón de Integridad Empresarial.
Una vez que las empresas se inscriban en el padrón tendrán el denominado “Distintivo de Integridad Empresarial”, que tendrá vigencia de dos años, aunque se actualizará cada año.
Además de tener que contar con una serie de prácticas para evitar la corrupción, tendrán que cumplir con otros aspectos, como estar al corriente con las obligaciones fiscales, de seguridad social o laboral; no tener sanciones vigentes por parte de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal y no encontrarse en una controversia jurídica por corrupción.
En el anteproyecto para la creación, promoción, operación y seguimiento del padrón de integridad, se afirma que la adhesión es voluntaria.
Uno de los objetivos es: “incentivar a las empresas y personas particulares que actualmente son o deseen ser proveedores del Estado y promover una cultura de prevención de actos de corrupción. Los procedimientos se aplicarán bajo el principio de la buena fe y apego al marco normativo vigente. Los actos que para inscribirse al padrón realicen las empresas serán de carácter voluntario, por lo que la autoridad no podrá exigir su cumplimiento”.
Para lograr una mayor participación, la autoridad afirmó que buscarán la firma de convenios con cámaras, confederaciones y asociaciones del sector privado a fin de promover la participación de empresas en este padrón.
