Cobrar la tenencia vehicular dejaría a los estados ingresos propios por casi 125 mil millones de pesos, lo que les permitiría dejar de depender de las transferencias federales, aseguró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En un análisis difundido este martes, pone de manifiesto que al reactivar la tenencia no se necesitaría crear nuevos impuestos o subir los vigentes.
Señaló que actualmente sólo ocho de las 32 entidades federativas aplican dicho gravamen, dado que pasó a ser un impuesto estatal.
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El CIEP refirió que desde 2014, la recaudación por tenencia registra una disminución de 43.7%, pese al crecimiento de 118% del parque vehicular en el ámbito nacional desde 2007.
Pero si se rediseñara y homologara, estimó que podría generar recursos por 124 mil 984 millones de pesos, lo que representaría un aumento de 4% en los ingresos de los gobiernos locales.
Al mismo tiempo, afirmó, los ayudaría a reducir la dependencia de los fondos federales en un 3.4%.
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Tenencia: CIEP propone cambios para que funcione
Para que vuelva a funcionar, indicó que se tendrían que incluir criterios de progresividad como el valor del vehículo.
También componentes ambientales que penalicen vehículos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, se propone, gravar los vehículos que ocupen mayor espacio en la infraestructura vial.
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El CIEP sugirió que este rediseño se acompañe de un registro vehicular nacional, actualizado y homologado que permita una correcta aplicación de dicho impuesto.
Lo anterior, expuso, por México carece de un parque vehicular que permita identificar los registros por entidad federativa.
En el documento titulado “Rediseño del impuesto a la tenencia. Potencial recaudatorio y progresividad”, el centro de investigación, aseguró que se incentivaría una transición hacia una movilidad más sostenible.
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Indicó que al tratarse de un impuesto que recaería en los contribuyentes con vehículos más contaminantes y de mayor uso de la infraestructura vial, se induciría a acciones responsables de los recursos públicos y ambientales.
Los ingresos obtenidos podrían destinarse a inversiones clave, como el desarrollo de transporte público sostenible, propuso.
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