Miles de choferes y repartidores que se emplean en aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify no son reconocidos como trabajadores subordinados, sino como “asociados”, por lo que carecen de seguridad social, tienen bajas percepciones económicas y están expuestos a la violencia.
Como secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde dejó pendiente la iniciativa que se comprometió a presentar este año para regular las plataformas cubriendo los derechos laborales, lo que implica que las personas que trabajan bajo estos medios seguirán atrapadas en un limbo legal por mayor tiempo, dicen expertos a EL UNIVERSAL.
El transporte y el reparto de alimentos son la vanguardia, pero el modelo basado en aplicaciones se extiende cada vez más a servicios de limpieza, paseo de mascotas, venta y renta de autos, atención médica y nuevas industrias, señala Oxfam México.
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En 2021, al menos 500 mil personas laboraban en plataformas de acuerdo con estimaciones del IMSS, pero tomando en cuenta la creciente demanda, es probable que la cifra real esté cerca del millón, pues hay más de una persona ejerciendo con una misma cuenta, explica Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA).
Bajo el lema: “Sé tu propio jefe”, cada uno es responsable de pagar seguros de gastos médicos y de auto o moto, impuestos y equipo de trabajo. No obstante, esa independencia esconde una precariedad laboral alarmante, ya que no son reconocidos como empleados y no tienen prestaciones de salud, pensiones, retiro y otras condiciones básicas, advierte Oxfam.
“Los ingresos son precarios y cada vez menos, porque como existe una situación de desigualdad no hay forma de negociar tarifas. Ellos manejan la cuota por cada viaje a través de un algoritmo, no hay información, se manejan de forma unilateral los pagos, eso significa que cada vez hay menores ingresos, a tal grado que uno gana cerca del salario mínimo trabajando 12 horas al día, seis o siete días de la semana, son situaciones muy difíciles”, indica el dirigente de la UNTA.
Este trabajo impacta en la salud física y mental, afirma Caterina Morbiato, de Fairwork México, proyecto global encargado de evaluar esas plataformas en 38 naciones. El estrés fue el mayor problema, según la encuesta de Fairwork y tiene que ver con las condiciones de la Ciudad de México, cuyo entorno está contaminado, con tráfico agresivo, incidencia delictiva y violencia y acoso. Además, la relación con los clientes puede llevar a interacciones humillantes y violentas, agrega la investigadora.
“La seguridad social es la mayor demanda, porque es un trabajo de alto riesgo, estamos en la calle muchas horas a la semana y eso nos pone en un nivel de exposición y peligro alto, sobre todo con las compañeras, que señalan violencia específica como secuestro temporal, acoso sexual y accidentes viales, robos a los conductores y heridas”, recalca Guerrero.
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Vulnerabilidad
“Es una situación muy especial, porque pagamos impuestos, hay un régimen económico para nosotros en el SAT, pero no somos reconocidos como trabajadores subordinados. Es una suerte de dualidad, somos formales desde el punto de vista de los impuestos, pero informales desde el punto de vista laboral”, señala.
“Las empresas que administran las plataformas están subrogando los derechos de los trabajadores, haciéndoles pensar que son independientes”, advierte Paolo Marinaro, director del Centro de Solidaridad México.
Sin embargo, aunque no hay un supervisor y un horario fijo, las plataformas mediante los algoritmos imponen dónde, cuándo y por cuánto tiempo trabajar. A escala internacional se ha demostrado que este mecanismo construye una relación de subordinación, es decir, laboral y que, como tal, tiene que ser reconocida por el Estado y las personas que laboran bajo este modelo deben acceder a todos los derechos que le concede la ley, añade el directivo.
La legislación señala que cualquiera que sea el acto que le dé origen, la relación de trabajo se entenderá como la prestación de un servicio personal, subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario, explica Jimena Sánchez, abogada y socia de la firma De la Vega y Martínez Rojas.
Reforma acorde a la realidad
La particularidad de operación de las plataformas y la relación que establece con sus asociados no corresponde con lo que marca la ley, por lo que es necesaria una reforma que defina claramente y responda a la nueva realidad que impone la tecnología y cubra los derechos de quienes laboran bajo este modelo, detalla la abogada.
“Hay que hacer un análisis profundo para saber cómo operan estas plataformas y determinar qué porcentaje de quienes laboran ahí se configuran como empleados, porque muchas jurisdicciones a nivel internacional han determinado que las plataformas no son un simple intermediario, sino que se dedican a la prestación del servicio y, por lo tanto, las personas que prestan el servicio son considerados empleados para todos los efectos”, afirma Sánchez.
Expertos de Fairwork estiman que 21 iniciativas de ley para regular el trabajo digital han sido presentadas al Congreso por legisladores y está pendiente la que presentará la autoridad del trabajo.
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Entrevistado en octubre de 2022, Omar Nacib Estefan, director general de Previsión Social de la STPS, compartió que se dialoga con las empresas de plataformas, los trabajadores y el IMSS para elaborar una iniciativa de reforma y dijo que el mayor reto recae en conciliar el reconocimiento de la relación laboral, la flexibilidad del trabajo de plataforma y la necesidad de dar de alta a los trabajadores ante el IMSS.
A finales de enero, como secretaria del Trabajo, Alcalde dijo que empezó a dialogar con empresas y trabajadores para presentar una reforma al Congreso, pero con su reciente salida, el futuro de un cambio laboral ahora es incierto, concluye Guerrero.