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El gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a sentar en la mesa de los acusados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuando el presidente del órgano regulador, Guillermo García Alcocer, anunció su separación del cargo a partir del 15 de junio, “porque no comparte la visión del actual órgano de gobierno”.
En su Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 (Prodesen), publicado ayer, la CFE acusó al órgano de haber sido partícipe del daño financiero provocado a la empresa y a los usuarios a partir de su ayuda en la reforma energética.
Advierte que ayudó a propiciar por ejemplo, pérdidas para CFE por 7 mil 820 millones de pesos, sólo en 2018, porque sus empresas filiales hicieron el trabajo operativo y administrativo de competidores —los privados—.
Incluso menciona que los permisos otorgados por la CRE tienen una vigencia hasta 2039, lo que seguirá provocando pérdidas hasta por 160 mil millones de pesos.
Reveló que fueron detectados permisos para generación otorgados por el órgano regulador a sociedades con un “mínimo de capital de un dólar”, los cuales usan infraestructura de transmisión y distribución de CFE.
Se creó además un esquema de exención que ha estado beneficiando a empresas autoabastecedoras… “que tienen más de 7 mil socios, de los cuales 80% son oficinas y comercios de grandes corporativos”.
Además, participan 14 centrales eléctricas que tiene a mil 316 socios “que dan servicio a grandes consumidores industriales, que pagan precios bajos de transmisión en el país”.
La reforma energética, explica el documento, el universo de permisos —en el que estuvo involucrada la CRE—, “creó desorden y desequilibrio sistemático para la planeación del Sistema Eléctrico Nacional”.
En tarifas, la CFE asegura que sólo en 2018 los costos totales reportados por el mercado eléctrico mayorista, más los costos de operación de los servicios de suministro básico, fueron de 533 mil 444 millones de pesos.
