En México, las donatarias son el grupo de contribuyentes más fiscalizados, y muchas veces pierden la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos por la sobrecarga de trabajo e información que deben entregar al fisco, dijo el presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Ricardo Bucio Mujica.
Por esa razón, mencionó, a algunas se les complica cumplir con la declaración de transparencia que deben entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cada año antes del 31 de mayo, en la cual se rinde un informe sobre el uso y destino de recursos recibidos.
Sin embargo, la mayoría logra regularizarse y recuperar de inmediato la autorización del SAT, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
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Bucio recordó que para el ejercicio 2023 más de 600 instituciones incumplieron con dicho informe, pero destacó que la mayoría recupera la autorización, y el número de instituciones que la tienen aumenta entre 3% y 4%.
“Se les complica cumplir porque los requisitos que piden son de los más completos comparados con los de empresas que no tienen la obligación de entregar tanta información”, argumentó.
Hay una sobrecarga de información, explicó, porque el objetivo es que haya más transparencia, debido a que las donatarias son consideradas de interés público porque manejan recursos.
A diferencia de otros sectores que reservan información, las donatarias están abiertas y se puede saber a detalle todo acerca de cada donativo que reciben: la fuente, si es persona física o moral, el monto, actividades apoyadas y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI).
Además, resaltó que es un trabajo pesado, pues atienden entre 300 mil y 400 mil personas con diferentes necesidades en materia de educación, salud y desastres naturales.
“La mayoría lo intenta [cumplir ante el SAT], pero hay una sobrecarga”, enfatizó.
Bucio Mujica mencionó que se desconoce cuántas donatarias operan en el país, pero la Secretaría del Bienestar, a través del extinto Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), tenía un registro de 48 mil 500 organizaciones (a favor de terceros o asistenciales), de las cuales 10 mil 500 (que incluye también las educativas, culturales como museos y otras, como el INEA) tienen autorización para emitir recibos.
Dado que es un universo amplio, en donde no sólo hay interés público, sino también recursos públicos involucrados, tienen la obligación de transparentar ante el SAT.
En el ámbito estatal hay transferencias y subsidios, detalló, ya que muchas entidades federativas y municipios tienen programas mediante los cuales destinan fondos a esas causas.
Pero ahora que pasó un sexenio en el que estuvieron sujetas a una mayor fiscalización y cerrazón, confían en que con el nuevo gobierno haya más interlocución.
Recordó que en 2021 se reformó la Ley del ISR para limitar las deducciones personales de contribuyentes, porque supuestamente había evasión fiscal en siete casos de donatarias, todas pertenecientes a una misma familia.
“No se actuó contra ellos, no se supo nunca, pero se eliminó la posibilidad para 100% de los contribuyentes. Es un estigma y falta de acción de la autoridad”, indicó.