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Mientras en otros países se reducen los impuestos a empresas para atraer inversión y generar empleo post-pandemia, México cobra uno de los Impuestos Sobre la Renta más elevados y forzará a pagar un reparto de utilidades (PTU) topado, dijo Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México es de 30%, y además hay un gravamen de 10% a los dividendos. Ya la carga es alta, advirtió, pero ahora el gobierno y la iniciativa privada acordaron que el pago de reparto de utilidades esté topado a tres meses de salario.
Con esta medida “le bajan la carga del pago de esta prestación a las empresas que ganan más, y se los incrementan a las que menos posibilidades tienen de cubrirla”, precisó.
Agregó que esto acorrala a empresas a moverse a la informalidad o dejar de trabajar, porque no les alcanza. Leñero Llaca recordó que en México hay 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y más de un millón de esos negocios han desaparecido por la pandemia, de acuerdo con cifras del Inegi.
“Además de contrarrestar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, resulta que el gobierno no da a cambio una prestación de servicios pública eficiente, y tampoco genera otros estímulos fiscales”, apuntó Leñero.
“El problema de fondo es que ponen esta medida como canal para pasar a eliminar la subcontratación, que es lo que debería evitarse a toda costa, por los empleos formales que se generan a través de este esquema cuando se actúa en la legalidad y que se perderían”, agregó.
